MÉXICO, EN RETROCESO


*A un año del gobierno de la “Cuarta Transformación”, es una realidad que México va en franco retroceso en los terrenos económico, social y político. En materia económica el país entró en un proceso de franca recesión, lo que implica pérdida de fuentes de trabajo y menor poder adquisitivo de las familias, con el consecuente incremento de la pobreza y la desigualdad. En el terreno político, es evidente que vamos para atrás pasando de la democracia a la autocracia, donde solo la voz del Presidente establece los criterios en la toma de decisiones; modifica y promulga leyes a su voluntad e intereses. Esto se acrecienta al observar el continuo golpeteo que ha mantenido López Obrador en contra de los organismos constitucionalmente autónomos al igual que de las organizaciones civiles. No tolera contrapesos, ni críticas tan necesarias e indispensables en todo país que se diga democrático. En lo social, se eliminaron programas cuyo objetivo principal era acortar las brechas existentes entre los grupos más vulnerables y el resto de la sociedad; a cambio, se otorga dinero de manera directa para mantener una clientela electoral. AMLO ha centralizado todo el poder, los recursos, la narrativa. La Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, son las tres anteriores transformaciones; la que ahora nos quieren vender es la cuarta, pero esta salió de las ambiciones políticas de un solo hombre, a quien ninguno de sus cercanos colaboradores se atreve a cuestionar o corregir, no sabemos si por miedo o por servilismo. Se ha centrado en dividir, polarizar a la sociedad, minar instituciones como el Poder Judicial y la CNDH. Esa es la semblanza de un año de gobierno, 12 meses de regresión política, económica y social.

STAFF LA OPINIÓN DE MÉXICO

Ciudad de México.- El primer año de gobierno de la “Cuarta Transformación” puede resumirse en unas cuantas palabras. No es necesario ser politólogo, ni economista ni mucho menos sociólogo, para darnos cuenta que México va en franco retroceso.
La actividad económica va en picada; las cifras del INEGI y del Banco de México, coinciden en que hay recesión, estancamiento, parálisis, como se le quiera llamar, el caso es que el panorama no pinta nada bien a un año de la nueva administración.

La recesión traerá más temprano que tarde, desempleo, disminución del poder adquisitivo de la población, crecimiento de la pobreza y mayor desigualdad entre los mexicanos.
Al rescate entró el Plan Nacional de Infraestructura que contempla una inversión por 859 mil millones de pesos para los próximos cinco años y que recaerá en un alto porcentaje en la iniciativa privada, lo que podría aligerar la crisis que está por venir, pero habrá que ver cómo se desarrollan las obras contempladas.

En el terreno político, el Presidente está transitando al país de una incipiente democracia a una autocracia fortalecida, en la que solo hay una voz que toma las decisiones, define los destinos del país, promulga y ordena cambios a las leyes según sus intereses, voluntad y conveniencia.
Esa voz dispone eliminar contrapesos, invade esferas del Poder Judicial, pone a incondicionales en órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, descalifica a todo aquel que piense diferente, trátese de medios de comunicación, ex funcionarios, actores políticos, intelectuales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, y un largo etcétera.
No hay la más mínima tolerancia a la crítica. Quienes lo hacen son conservadoresneoliberalesfifís o cualquier otro calificativo que se le ocurra al titular del Ejecutivo.

En el ámbito social, el rencor y el resentimiento no se pueden ocultar cuando arremete contra todo lo hecho en anteriores administraciones, sin importar si con ello se perjudica a millones de ciudadanos.
Hay que borrar todo lo que tenga tintes peñistas, calderonistas o foxistas, esa es la consigna y así obedecen sus súbditos en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, donde su partido político (Morena) tiene una mayoría aplastante.

La aprobación del presupuesto para el año entrante es un claro ejemplo: se aprobó tal y como lo ordenó el inquilino de Palacio Nacional, dejando el papel del legislativo al de una simple oficialía de partes.

Aniquiló programas sociales cuya finalidad era acortar las brechas de desigualdad entre los grupos más vulnerables y la sociedad para a cambio entregar dinero de manera directa a beneficiarios, en una maniobra claramente clientelar con fines electorales.
Un primer año de gobierno de López Obrador en el que la caída de la economía mexicana en su comparativa anual es la primera desde 2009, cuando México sufrió los estragos de la crisis que inició un año antes.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el tercer trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció 0.01 por ciento, en relación al trimestre anterior, o sea, nada. Cero crecimiento de la economía mexicana.
Este dato revisado corresponde al informado a finales de octubre, cuando el INEGI en su estimación indicó que el PIB había crecido 0.1 por ciento en el periodo julio-septiembre.
El ajuste a la baja se dio principalmente en la revisión del sector terciario (servicios), principal componente de la economía mexicana, el cual pasó de 0.1 a 0.0 por ciento.
Las actividades secundarias (industria) se mantuvieron sin cambios, con una contracción de 0.1 por ciento.

Las actividades primarias (agricultura, ganadería, etc.) fueron revisadas a la baja, de un avance de 3.5 a 3.3 por ciento.

En su comparativa anual, es decir frente al mismo trimestre de 2018, el PIB tuvo una contracción de 0.2 por ciento, luego de ser revisado el dato informado el mes pasado de 0.4 por ciento.
La caída de la economía mexicana en su comparativa anual es la primera desde el cuarto trimestre de 2009, cuando la economía padecía los estragos de la crisis que inició en 2008.
La contracción se debió en gran medida por el descenso en el sector industrial (secundario), que cayó 1.5 por ciento anual, y el casi nulo avance de 0.1 por ciento del sector servicios.
Por su parte, el Banco de México recortó su perspectiva de crecimiento de la economía mexicana para 2019, a un rango de entre -0.2 a 0.2 por ciento, desde 0.2 y 0.7 por ciento previo.
El bajo pronóstico obedece a un estancamiento observado durante el tercer trimestre y a que el país sigue enfrentando importantes riesgos internos y externos, manifestó el gobernador del BanxicoAlejandro Díaz de León Carrillo.

De acuerdo con información del INEGI, en el tercer trimestre del año la tasa de desempleo subió 3.6 por ciento, -porcentaje equivalente a 2.1 millones de personas- de la Población Económicamente Activa (PEA).
El organismo precisó que dicha cifra resultó mayor a la reportada en el segundo trimestre de 2019, cuando había dos millones de personas desocupadas.
En los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) expone que la tasa de desocupación de julio-septiembre resultó mayor al 3.3 por ciento del mismo trimestre de 2018, es decir, 213 mil 360 personas más.

La población desocupada es aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo.
El organismo indica que sólo la tasa de desocupación en hombres se elevó 0.1 puntos porcentuales y la de mujeres fue menor en 0.1 puntos porcentuales.

Otro dato alarmante es que tan solo en los primeros siete meses del gobierno de AMLO un total de 444 mil 503 burócratas fueron despedidos o separados de su empleo de alguna forma.
Se trata de 10 mil 996 empleados de base, 30 mil 56 de confianza y 403 mil 451 eventuales, que fueron despedidos entre el primero de diciembre y el 30 de junio pasado, según la Secretaría de la Función Pública.
Apenas el pasado 18 de noviembre, el Presidente anunció otra “zarandeada” en la burocracia federal, ya que, dijo, se revisará la correcta aplicación de la ley de austeridad.

Imposiciones y eliminación de contrapesos

En el terreno político, al imponer a Rosario Piedra Ibarra, identificada con su proyecto de gobierno y afiliada a su partido Morena, en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Presidente reforzó su estrategia para vulnerar a los organismos autónomos, al igual que lo viene haciendo con el sistema de partidos, las organizaciones civiles, los medios de comunicación y la división de Poderes.
Todo ello tiene un solo objetivo: debilitar cualquier contrapeso a su gobierno. La intención es cooptar o desaparecer cualquier contrapeso que ponga en duda, cuestione o critique las decisiones arbitrarias que toma desde Palacio Nacional.

Desde que asumió el gobierno, López Obrador descalificó a la CNDH y desacató sus recomendaciones por violaciones a los derechos de niñas y niños con la desaparición de las estancias infantiles, al derecho a la salud por los drásticos recortes al sector, y por las fallas en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, entre otras.

Igualmente promovió la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y colocó al frente de otros organismos, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a personajes sin formación adecuada e identificados con su partido.

Al Instituto Nacional Electoral (INE) su partido Morena en la Cámara de Diputados ya le echó el ojo para apoderarse del organismo mediante algunas reformas que reducirían el tiempo de permanencia del presidente consejero y que su designación se realice a través de esta misma instancia legislativa.
Con ese mismo objetivo de cooptar a organismos y eliminar contrapesos, ha impulsado ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cercanos a él o a integrantes de su gabinete como es el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, esposa de José María Riobóo, contratista y asesor de López Obrador.

A la Suprema Corte también llegó el ministro Juan Luis González Alcántara con los votos del partido en el gobierno. Pero hay más: el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, no esconde su afinidad ideológica con AMLO.
En esa misma línea, Bernardo Bátiz Vázquez fue elegido por el Presidente como consejero de la Judicatura Federal para un periodo de cinco años.

La llegada de Bernardo Bátiz al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se suma a la de otra incondicional del presidente López Obrador: Loretta Ortiz, quien además es militante de Morena.
Igualmente ha desatado toda una campaña de linchamiento contra el sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil que han cuestionado decisiones erróneas de su gobierno, la violencia e inseguridad por la que atraviesa el país, y violaciones a los derechos humanos.
En esa estrategia también se enmarcan los ataques a reporteros y a los medios de comunicación, pues la expresión de AMLO de “muerden la mano de quien les quitó el bozal” en reacción a las críticas por el fallido operativo de Culiacán, son lamentables y realmente alarmantes.

El presidente López Obrador no sólo evidencia su autoritarismo, sino que parece ignorar que la libertad de expresión es un derecho que se ha ganado con el esfuerzo de todas y todos los mexicanos, los medios de comunicación y periodistas y que gracias a esa lucha de décadas, entre otros factores, se generaron las condiciones políticas y sociales para que ganara la Presidencia.

Eliminó programas para grupos vulnerables

En lo social, el Presidente eliminó programas sociales mediante los cuales se ofrecía ayuda y servicios de calidad a grupos vulnerables y, en cambio, privilegió la entrega directa de dinero con claros tintes político-electorales.

Desapareció programas como el de las estancias infantiles que venía apoyando a madres trabajadoras, lo cual generó una serie de movilizaciones de protestas de madres de familia afectadas con la medida que escalaron hasta generar miles de amparos judiciales.
En 2018 había 150 programas sociales federales, de los cuales se eliminaron 18 y se crearon 14 para un total de 146 programas vigentes y activos.

De los 150 que había el año pasado, 93 eran considerados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como que sí contribuyeron a reducir la pobreza, o bien para mejorar el acceso efectivo a los derechos de vivienda, salud y educación.
De esos 93 que habían probado ser exitosos, sólo quedan 81, porque el Presidente decidió eliminar 12.

De los eliminados y que estaba comprobado, mediante evaluaciones de política pública, que eran relevantes por su contribución en la disminución de la pobreza, se encuentran el de Apoyo a la Vivienda, operado por Sedatu; el de Atención a Jornaleros Agrícolas, de Bienestar; el de Empleo Temporal, de Bienestar, SCT y Semarnat.

También el de Comedores Comunitarios, de Bienestar, el de Apoyo a la Comercialización, de SADER; el de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias, de la SEP; el de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, de Salud y el de Consolidación de Reservas Urbanas, de Sedatu.

Incluso hay algunos considerados como relevantes por su contribución en el acceso efectivo a derechos, que también fueron eliminados. Entre ellos están el de Apoyo a la Vivienda, de Sedatu y el de Atención de Jornaleros Agrícolas y el de Inclusión Digital, entre otros.
En el caso de Prospera, se creó mediante decreto la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez como órgano desconcentrado de la SEP, que tiene como objetivo coordinar la entrega de becas por el Bienestar Benito Juárez.

Otro cambio es la eliminación de los componentes de salud y nutrición que hasta al momento no han sido retomados por otras instituciones.

El Coneval señala que esto provocará efectos a mediano plazo sobre las decisiones de consumo al interior del hogar, considerando que quienes tienen el dinero ya no serán únicamente las madres, el rol de las mujeres en las decisiones del hogar, el estado nutricional y de salud de las familias, las tasas de vacunación y el acceso oportuno a consultas en los servicios de salud.

De acuerdo con el análisis de contribución realizado en 2018, Prospera contribuía de manera relevante al ingreso, a la disminución del rezago educativo, de la carencia por acceso a servicios de salud y al acceso efectivo de los derechos a la educación, a la salud y a la no discriminación.
También contribuía ligeramente al acceso efectivo al derecho a la alimentación nutritiva y de calidad.
El objetivo de los programas sociales es acortar las brechas existentes entre los grupos vulnerados y el resto de la sociedad, con el fin de avanzar en la búsqueda de igualdad de oportunidades.
El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) analizó 10 programas sociales para entender si los cambios recientes en la política social ayudan a reducir las debilidades de los programas y las preocupaciones que motivaron las modificaciones.

Esta muestra aglutina las políticas con mayor presupuesto o que tuvieron cambios en los últimos meses. Además, busca explorar las implicaciones que podrían tener los cambios anunciados y ofrecer recomendaciones de política pública para aminorar la desigualdad en México.

Según el organismo, las modificaciones emprendidas por la actual administración en los 10 programas sociales analizados NO generan certeza de disminuir la desigualdad
Cuatro de los 10 programas analizados no tienen reglas claras y otros cuatro asumen que un ingreso adicional es suficiente para eliminar las fuentes de discriminación de los grupos vulnerados. Más aún, no hay mecanismos para verificar que los apoyos los reciben las personas que más lo necesitan.
Adicionalmente, en las modificaciones no hay pruebas de que se contemplaron las sugerencias del Consejo Nacional de Evaluación, la Auditoría Superior de la Federación y Gestión Social y Cooperación A.C. Esto sugiere que los cambios no están basados en evidencia, lo que pone en riesgo los resultados esperados.

En el caso de las estancias infantiles, con las reglas actuales, no hay forma de garantizar que el subsidio se gaste efectivamente en enviar a los niños a una estancia infantil.
Con ello, se podría poner en riesgo la seguridad de los menores, se descarta la importancia de la educación en la primera infancia con la que se desarrollan habilidades críticas que incrementan el aprovechamiento educativo y se pone en desventaja económica a los padres que no tengan con quien dejar a sus hijos, pues el subsidio puede ser menor a los costos de las estancias.
Tres de los seis programas eliminados (Prospera, Estancias Infantiles y Coinversión Social) no debieron ser cancelados debido a los resultados positivos de sus evaluaciones.
El presidente López Obrador, al igual que en otros programas sociales que fueron implementados por administraciones anteriores, tomó una decisión no solo en contra de la evidencia, sino del bienestar de los beneficiarios de esos programas que sí funcionaban de manera adecuada.
Las decisiones que el Presidente ha tomado a lo largo de su primer año de gobierno, demuestran su obsesión por borrar todo vestigio del pasado aunque ello signifique perjudicar a amplios sectores de la población.
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