MUNICIPIOS, BOTÍN DE LA MAFIA


Ricardo Ravelo / La Opinión de México

Durante una reunión con alcaldes del país, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pidió mayor compromiso de los munícipes para enfrentar a la inseguridad pública, ya que, según dijo, sólo el 5 por ciento de los delitos que ocurren a nivel municipal son de orden federal. No se vale que se laven las manos, dijo Durazo, quien añadió que el flagelo de la inseguridad es un gran reto para todos. De lo que no se habló es que más de la mitad del territorio nacional está gobernado por narcoalcaldes que llegaron al poder financiados por los cárteles de la droga y ahora se aprestan para ser legisladores y hasta gobernadores. 
Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública, se reunió con presidentes municipales de varios estados del país. El tema, inevitable, fue el se la inseguridad pública, la violencia criminal. 
Durazo les pidió un mayor compromiso frente al problema, al que calificó de amplias dimensiones, y no optar por “lavarse las manos” porque, según explicó, sólo el 5 por ciento de los delitos que se presentan en los municipios corresponden al ámbito federal. 
Dijo Durazo: 
“Sería realmente muy fácil para la Federación decir que es un delito del fuero común y lavarnos las manos, pero también es de tal dimensión el reto, el tamaño del problema que sería una irresponsabilidad, en virtud del carácter federal o local de los delitos, nos laváramos las manos, nadie se puede lavar las manos. Podemos lavarnos las manos, en tanto o resolvamos el problema”. 
Y añadió, enfático: “He planteado, además del espacio de neutralidad, asumir que la inseguridad, por su dimensión, es un reto que corresponde al Estado mexicano, que trasciende a los gobiernos municipales por mucho, que trasciende porque todos tienen sus propias penurias, que trasciende a los gobiernos estatales, que trasciende al gobierno federal para instalarse como una responsabilidad del Estado mexicano, que significa, que involucra a los tres poderes, a los tres niveles de gobierno y a la propia sociedad”. 
Durazo exigió más de los alcaldes en materia de combate al crimen común y organizado. ¿Pero con qué recursos? ¿Con qué política criminal? 
En las palabras de Durazo hay un contrasentido: exige a los alcaldes mayor entrega en el combate al crimen, pero a nivel Federal el presidente reparte “abrazos y no balazos”, es decir, no hay una política criminal clara y directa para enfrentar a los cárteles. Y si el presidente de la República no lo hace, menos lo harán los gobernadores y los alcaldes. 
Desde el año 2000, el problema de la infiltración del narcotráfico a nivel municipal empezó a ser una pesadilla. En el gobierno de Vicente Fox, por ejemplo, brotaron los problemas porque el crimen impedía la aplicación de los programas sociales. 
Era claro que el crimen organizado trabajaba sobre el vacío de Estado que, desde entonces, había en el país. Ellos aprovechaban la ausencia del Estado para construir su base social que, según el presidente López Obrador, ahora se les está quitando mediante la aplicación de programas sociales específicos. 
Con Felipe Calderón las condiciones se agravaron, por ello, se declaró la guerra al narcotráfico. Aunque fallida, fue un intento por desmantelar a las redes criminales que ya tenían atenazado al país: el crimen comenzó a controlar la vida política en los municipios: mediante sus propios hombres o a través de aliados los criminales se hicieron del poder político y hasta la fecha lo detentan en más de la mitad del territorio. 
Calderón ordenó un estudio para ver la posibilidad de que la figura del municipio libre desapareciera: era claro que el crimen había penetrado el primer peldaño del poder y desde ahí se preparaba para alcanzar mejores posiciones políticas: diputaciones, senadurías, gubernaturas, cargos en el gabinete federal y la presidencia de la República. 
Nadie duda que muchos políticos ligados al crimen organizado hayan escalado todos estos peldaños del poder y que México haya sido gobernado, desde hace tiempo, por el crimen, como ocurrió en Colombia, donde los presidentes de ese país comenzaron a ser financiados por el narcotráfico desde los años sesenta. 
Hay datos oficiales que establecen que el crimen en México gobierna en más de la mitad del territorio; que existen familias completas que, por ejemplo, gobiernan un municipio o varios y al mismo tiempo controlan el tráfico de drogas, los secuestros y otras variables delictivas. Casos específicos son los estados de Guerrero y Michoacán, donde los mafiosos han ocasionado que pueblos enteros ya no tengan actividad económica ni turística: todos los negocios cerraron porque no soportaron los cobros de piso, la violencia y en muchos se vieron obligados a irse de sus territorios por miedo a morir. 
Los que se resistieron fueron asesinados. Por ello hay tantos pueblos fantasmas donde no quedan más que ancianos. Toda la actividad, en otro tiempo pujante en lo económico, se vino a pique. 
Los alcaldes no tienen capacidad de enfrentar al crimen organizado porque, en principio, carecen de presupuesto para ello; además, las policías municipales están vinculadas al crimen: los propios cárteles obligan a los alcaldes a nombrar a uno de sus sicarios como jefe de la policía y los ediles no pueden negarse porque, de otro modo, son asesinados. 
Tiene razón Alfonso Durazo: es muy grave el problema, pero a pesar del reconocimiento de esta cruda realidad todavía no se articula una política para recuperar los territorios que el crimen le ha arrebatado a la Federación; no hay una política enfocada en el saneamiento de las corporaciones policiacas municipales, las cuales sirven a los intereses criminales y no a los de la sociedad. 
Durazo cuestionó que los alcaldes se lavan las manos ante este problema. No sólo ellos. Los gobernadores también: desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se observó que los mandatarios estatales mostraban tres conductas diferentes ante el problema de la criminalidad: unos administraban el problema, otros le daban la espalda y unos más se ligaron a los cárteles como una forma de sobrevivir políticamente. 
Es claro que los alcaldes ligados al crimen, que son la mayoría, no quieren que las cosas cambien. Ninguno de ellos va a arriesgar la vida con el fin de salvar lo insalvable: Seguirán sus carreras políticas y la defensa de sus intereses, pues saben que desde una alcaldía pueden escalar alto: llegar a ser legisladores, gobernadores, funcionarios del gabinete federal y, quizá, hasta presidente de la República. 
El problema de la falta de compromiso institucional se viene arrastrando desde hace varios años. En todo el país, por desgracia, está roto el llamado espíritu de servicio: todo es corrupción y negocio y esto ha trastocado la vida pública toda. 
Es muy común escuchar que los alcaldes y gobernadores afirman que el tema del crimen organizado no les compete, que de eso se encarga la Federación. Es real. Tienen razón. Pero si Durazo exige más resultados y “no lavarse las manos” pues lo menos que deben hacer es dotar de recursos y herramientas a los gobiernos estatales y municipales para que hagan frente al problema. 
El primer paso es sanear a las policías y procesar a los alcaldes ligados a alguna actividad criminal; despojarlos del patrimonio que han amasado por proteger al narcotráfico y, después, garantizar elecciones limpias y libres de financiamiento criminal, lo que hasta ahora no se ha impedido. 
Todos los partidos han recibido financiamiento del crimen que llega a través de algunas empresas o de particulares y ninguna autoridad electoral ha hecho algo para impedirlo. 
Esta es la causa de que muchos alcaldes estén más comprometidos con quienes los financiaron que con el pueblo que votó por ellos. Es muy grave el problema, pero si no se empieza a erradicar de raíz pronto México estará sumido en una verdadera mafiocracia, al estilo de Afganistán, Zimbabue o Kosovo, donde la única ley es la que impone la mafia.
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