LA FANTASÍA PRESIDENCIAL


Ricardo Ravelo / La Opinión de México
Para que no quede ninguna duda respecto a una posible omisión en el caso de Ovidio Guzmán López –aunque el caso está plagado de errores, dudas y sospechas muy robustas –el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el plan para detener al hijo de “El Chapo” continúa, que no ha cambiado nada y que siguen tras él para capturarlo y extraditarlo. 
Aunque, a decir verdad, todo está por verse. 
De acuerdo con el presidente, ahora se está planeando el nuevo intento de captura sin que haya violencia ni pérdidas de vidas humanas. Expuso, además, que su política antidrogas no se basa en el uso de la fuerza sino que se privilegiará la inteligencia. 
Al gobierno de Estados Unidos, sin embargo, le preocupa que no haya una política integral para enfrentar al crimen organizado ni al narcotráfico, en particular, su expresión más violenta. En todo el mundo, al crimen se le ha enfrentado con dos estrategias: inteligencia y fuerza. Pero López Obrador sólo apuesta por la inteligencia y deja a un lado las facultades que el Estado tiene en sus leyes para enfrentar a la criminalidad, sobre todo cuando todos los días está bajo amenaza la Seguridad Nacional. 
De acuerdo con su historial criminal, Ovidio Guzmán enfrenta una orden de captura internacional con fines de extradición a Estados Unidos. En ese país está acusado de delincuencia organizada y asociación delictuosa. Es visto como un relevo importante de su padre en el cártel de Sinaloa, considerado por las autoridades estadunidenses como el grupo criminal más poderoso del mundo. 
El presidente dijo que no habrá impunidad para ningún cártel, que todo sigue igual, pero que no utilizará la fuerza del Estado. 
En otros discursos ha sostenido que su gobierno está atacando las causas que provocan el alza de la criminalidad. Según él, la pobreza es una de ellas, pero nadie comparte su visión porque, en principio, se criminaliza la miseria y además ésta no es causal de la delincuencia organizada. 
Las causas que derivan en crimen organizado son, por ejemplo, la impunidad que, en el caso de México, raya el 98 por ciento. Un caso ejemplificativo de la impunidad que reina en el país es el de Tepito: hace unos días fueron detenidos, mediante un operativo extraordinario realizado por la policía capitalina y la Marina, 31 personas relacionadas con el cártel Unión-Tepito. 
Aunque un “pitazo” puso a salvo al jefe del cártel, apodado “El Lunares”, las fuerzas del orden pudieron capturar a buena parte de los operadores de dicho cártel. Sin embargo, en menos de una semana un juez los puso a todos en las calles. ¿Justicia o corrupción? 
El presidente López Obrador debe considerar que, otras de las causas que derivan en delincuencia es la vinculación de políticos, empresarios y funcionarios públicos con el crimen. 
Debe entender que para debilitar a los grupos criminales primero hay que atacar la estructura de protección que permite que cárteles y todo tipo de actividades ilegales florezcan en el país. 
Hay estados como Guerrero y Michoacán donde todos los municipios están gobernados por autoridades relacionadas directa o indirectamente con alguna modalidad criminal: tráfico de drogas, trata de personas, tráfico humano, secuestros, cobro de piso, venta de protección, entre otras, que se han convertido en actividades perniciosas para la sociedad. 
Ahí están las verdaderas causas del crimen, pero el presidente sigue pensando que la pobreza es lo único que detona las actividades delictivas. Por ello, prefiere repartir dinero entre los pobres, con lo que también construye y aceita una sólida base electoral que, en el fondo, es lo que está haciendo bajo el argumento de que está atacando las causas del crimen. 
Pero lamentablemente, el gobierno de la Cuarta Transformación no combate las verdaderas causas. Es más, el presidente ni siquiera habla del problema tan grave que significa para México la narcopolitica, el Estado fallido, por ejemplo, evidente en todo el país, donde la mayoría de las instituciones que procuran y administran justicia están capturadas por la delincuencia organizada. 
Este problema se ha entreverado en la política, por desgracia. El Senado de la República, particularmente el área de estudios municipales, detectó el problema en 2010, aunque ya existía desde hace varios años. 
El crimen organizado, después de la derrota del PRI en el año 2000, comenzó a diseminarse por todas partes. Como ya no había un solo poder representado por el partido de Estado, entonces se dieron a la tarea de pactar con cuanta autoridad les garantizara impunidad y protección para continuar con sus actividades criminales. 
De esta forma se metieron a los municipios para financiar campañas políticas y tener como aliado a los alcaldes y a las policías municipales. Luego, los propios miembros de la delincuencia organizada lanzaron a sus candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales, por decir lo menos. 
Y se hicieron del poder político. En Guerrero, por ejemplo, sobre todo en los municipios de la sierra, el crimen tiene el control de los ayuntamientos y también operan el crimen. Se trata de familias completas, grupos que tienen líneas de parentesco y que forman parte de un grupo criminal. 
El problema de la infiltración del crimen en el poder político –una de las causas reales de la criminalidad –fue denunciado en el año 2000 por Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria de Desarrollo Social. Ella dijo que el gobierno, desde entonces, enfrentaba muchos problemas para operar los programas sociales en las comunidades porque el crimen se los impedía. 
En ese tiempo el crimen todavía estaba interesado en mantener robustecido su músculo social. El narcotráfico, por ejemplo, era una actividad –lo sigue siendo –que permite a sus operadores volverse benefactores sociales. 
De esa forma, millones de estómagos agradecidos se volvían cómplices de los capos, además de ser sus principales protectores. En Tamaulipas, por ejemplo, sobre todo en la llamada frontera chica, el crimen tenía en la sociedad a sus principales aliados. 
Cuando la policía o el Ejército acudían a esos pueblos a realizar investigaciones la gente no daba información ni revelaba el paradero de algún capo aunque supieran dónde se encontraba. La lealtad estaba por encima de todo. 
Esto permitió que el crimen organizado aprovechara el vacío de poder que dejó el Estado en todo el territorio. De esa forma, el poder lo ejercía y lo ejerce el crimen, pues hasta la fecha priva en buena parte del territorio un vacío de poder, un vacío de Estado que todavía el gobierno no ha podido revertir. 
Y no ha podido porque no se están atacando las causas que originan delincuencia organizada. En el momento en que el gobierno encarcele a políticos y empresarios ligados al lavado de dinero y a los grupos criminales, entonces el país comenzaría a cambiar. 
Pero por desgracia, la impunidad reina en el país y aún existen grupos políticos entre quienes impera lo que comúnmente se llama “el pacto de impunidad”, que es lo único que los mantiene firmes en sus actividades ilegales. 
Destruir este andamiaje es una forma de atacar las causas de la criminalidad, pero el presidente está muy lejos de hacer esto. Sobre todo si para llegar al poder tuvo que pactar, negociar. Esto le mantiene las manos atadas. Con una transición pactada no es posible acabar con la impunidad ni con las verdaderas causas que alimentan a la delincuencia organizada. 
Y seguir pensando que la pobreza es la causa central de la criminalidad, pues es estar sumido en una fantasía, en una realidad adulterada y no menos equivocada que no llevará al gobierno ni a la sociedad a ninguna meta firme.
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