LA DEA, DETRÁS DEL OPERATIVO FALLIDO EN CULIACÁN



Ricardo Ravelo / La Opinión de México

El gobierno federal niega lo que ya es obvio: que fue la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, la que preparó todo para la ejecución del operativo y detener a Ovidio Guzmán. Hoy se abren las interrogantes. ¿Cuántos agentes de la DEA operan en México? ¿Por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador niega la intervención de Washington en la política antidrogas de México? Las piezas de este rompecabezas empiezan a salir y el gobierno de México niega lo evidente. 
Agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas norteamericana, estuvieron en México –particularmente en Culiacán, Sinaloa –coordinando las operaciones que se llevarían a cabo el 17 de octubre en esa ciudad para detener a Ovidio Guzmán Loera, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. 
Los agentes llegaron a México y se ubicaron en la embajada de Estados Unidos; entablaron comunicación con funcionarios mexicanos, entre otros, con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. También con altos mandos del gobierno de Sinaloa. 
Los agentes estadunidenses ya tenían claro su objetivo: detener a Ovidio Guzmán, quien en Estados Unidos es reclamado por delitos de narcotráfico, asociación delictuosa y lavado de dinero. 
Poco antes de que se librara la orden de captura con fines de extradición, los agentes arribaron a Culiacán y realizaron tareas de investigación: descubrieron un laboratorio para producir drogas, el cual fue  destruido y luego de que se entrevistaron con autoridades sinaloenses una corte estadunidense giró la orden de captura internacional. 
Siempre coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República, los agentes de la DEA dejaron todo el campo listo para que el gobierno de México comenzara la localización de Ovidio Guzmán. Estos trabajos empezaron hacia el mes de febrero. 
Posteriormente, el área de combate al narcotráfico de la Sedena inició sus operaciones y cuando el objetivo estaba localizado se instrumentó el llamado operativo fallido, con las consecuencias lamentables que ya conocemos: las balaceras, la rendición del Ejército y la liberación de Ovidio Guzmán. 
Estos pormenores del trabajo de la DEA y de su presencia en México explican todo el caso, pero extrañamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no reconoce que el Ejército actuó a petición de la DEA, cuyos elementos fueron incluso atendidos por funcionarios del gobierno mexicano. Es más, fueron trasladados de México a Culiacán en un helicóptero militar. Los agentes norteamericanos y los funcionarios mexicanos sabían cual era su objetivo en México. 
Sin embargo, el presidente López Obrador ha centrado la discusión de lo ocurrido en Culiacán en el hecho de que hubo un operativo plagado de errores que terminó por ser abortado y, por ello, fue liberado el detenido, Ovidio Guzmán. Y ahora, dice que hay amenaza de golpe de Estado. Buen recurso para desviar la atención. 
Lo que no se ha dicho es que otro de los objetivos de la DEA era Iván Archivaldo Guzmán, hijo también de “El Chapo” Guzmán, quien es el que encabeza las tareas del cártel de Sinaloa tras la captura de Joaquín Guzmán Loera. 
El trabajo de la DEA en México no es algo extraño ni novedoso. Lo extraño es el silencio de López Obrador para aceptar que ellos –los agentes de la DEA –realizan las investigaciones en México, les dictan las directrices a seguir al gobierno de México, pero todo esto se mantiene oculto ante la opinión pública nacional. 
López Obrador no quiere aceptar, por ningún motivo, que su gobierno obedece las órdenes de Estados Unidos en materia antidrogas y que no puede rehusar ninguna orden, aunque no le guste. El presidente mexicano sigue sosteniendo una mentira: que existe respeto por la soberanía mexicana cuando la realidad es que la DEA entra al país sin pedir permiso, investiga y participa en operativos. A veces, también realiza detenciones. 
En el gobierno de Felipe Calderón –quien le declaró la guerra la crimen organizado, con todas las fatales consecuencias que conocemos –el número de agentes que operaban en México no rebasaba los cien. Ellos estaban autorizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder desplazarse en el territorio, pero tenían prohibido portar armas y realizar investigaciones internas. 
Estos protocolos se violaron, pues los agentes de la DEA realizaban investigaciones, ubicaban los objetivos a perseguir y le indicaban a la PGR dónde y cómo actuar para realizar las detenciones de capos importantes. También participaban en las investigaciones e interrogatorios realizados a los detenidos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO). 
Muchos detenidos –mexicanos y extranjeros –cuentan que cuando fueron capturados siempre detectaron que había personal de la DEA acompañando a los agentes federales. Era evidente que las investigaciones las realizaba la DEA y luego la PGR efectuaba los operativos, presentándolos como investigaciones propias. 
En realidad, la PGR se significó muy poco en las investigaciones criminales. Todo, o casi todo lo realizaba la DEA, cuyos agentes se desplazaban –y se desplazan –por todas partes sin ningún tipo de restricción. 
En Tamaulipas, por ejemplo, los agentes de la DEA tienen una fuerte presencia. En tiempos de Osiel Cárdenas, por ejemplo, algunos de ellos estuvieron a punto de ser asesinados. El otrora poderoso capo detectó que era seguido y en una carretera acorraló a varios agentes norteamericanos a quienes amenazó de muerte. 
Por poco y los ejecutan, pero Osiel sabía que si lo hacía se le vendría el mundo encima: no se la acabaría con la persecución internacional. Les perdonó la vida, pero las tareas de investigación para detenerlo continuaron. La PGR recibió la información de la DEA el día que lo detuvieron en su casa de Matamoros, un día después de haber festejado los 15 años de su hija. 
Para localizar la casa, los agentes de la DEA le dijeron a Santiago Vasconcelos, el fiscal antidrogas de entonces, que estuvieran atentos de la casa donde olería a carne asada. Y en efecto, cuando percibieron el olor toda la cuadra fue rodeada. Al día siguiente muy temprano efectuaron el operativo. Osiel huyó por las azoteas de las casas vecinas, pero fue detenido al saltar hacia una de las calles. 
Uno de los casos más escandalosos fue la captura, en territorio mexicano, del doctor Humberto Álvarez Machain, personaje de Jalisco que fue acusado de participar en la tortura de Enrique Camarena, en 1984, cuando fue secuestrado por los narcotraficantes Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. 
El agente de la DEA –quien espiaba a los capos desde un hotel de Guadalajara –fue llevado a un rancho en Michoacán, donde fue torturado. Se afirmó en aquel entonces que Álvarez Machain le suministraba anestésicos para que soportara la tortura. 
Por ello, la DEA fue por él a Guadalajara, lo detuvieron y sin decir nada se lo llevaron a Estados Unidos. Lo encarcelaron, pero meses después tuvo que ser liberado por falta de pruebas. 
Esto ilustra la libertad que siempre ha tenido la DEA para operar en México. Como se sabe, no es nada nuevo, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se niega a reconocer la abierta participación de la agencia antidrogas norteamericana en el operativo de Culiacán. 
La participación de la DEA fue ampliamente documentada por el periódico Río Doce, que circula en Sinaloa, especializado en temas de crimen organizado. 
A pesar de las evidencias, el gobierno federal sólo reconoce que los agentes sí estuvieron en México semanas antes del operativo, pero niega cualquier participación en el caso Culiacán. 
Además, López Obrador insiste en que el gobierno norteamericano es respetuoso de la soberanía nacional, aunque sabemos que este discurso es el que siempre han utilizado los presidentes de México para no reconocer que, ante Estados Unidos, siempre han estado de rodillas. 
La política antidrogas la dicta Washington en todo el continente. Por eso la gran preocupación del gobierno de Donald Trump ante la ausencia de una política antimafia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los norteamericanos exigen más del gobierno de México, pero el presidente mexicano piensa que criminalizando la pobreza y atendiendo “las causas” el crimen desaparecerá. 
En ese sentido, en México todo está por hacerse.
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