LA 4T, SIN PLAN ANTIMAFIA


Ricardo Ravelo / La Opinión de México
La delincuencia organizada mexicana ha elevado tanto sus niveles de violencia que ya debe ser considerada como terrorismo. El problema se está viviendo como en los años ochenta y noventa en Colombia, donde los enfrentamientos que se presentaron entre los cárteles de Cali y Medellín alcanzaron esa magnitud perturbadora. 
En México por lo menos dos cárteles –Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación –han mostrado que su nivel de violencia y saña está al nivel de lo que en su memento mostró el cártel de Cali cuando era encabezado por Pablo Escobar, uno de los capos más emblemáticos de América Latina. 
En el país sudamericano, por ejemplo, se hacían estallar carros bombas, se derribaron aeronaves oficiales y privadas y las matanzas de seres humanos llegó a grados casi de locura, imposible por muchos años detener la violencia y pacificar el territorio. 
El doctor Edgardo Buscaglia, profesor e investigador de la universidad de Columbia dice que si México reconociera los actos de violencia como eventos del terrorismo habría mayor colaboración internacional para enfrentar a los cárteles. 
Lo ocurrido en Sinaloa, el mes pasado, exhibió el alto nivel de violencia que puede desplegar una organización criminal frente al Estado y, al mismo tiempo, también exhibió las carencias del gobierno mexicano para enfrentar a estos grupos. 
Buscaglia dice que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está muy mal asesorado en materia de crimen organizado, sobre todo cuestiona los programas sociales que ven enfocados al combate a la pobreza como una forma de desactivar la criminalidad. 
El experto en temas de delincuencia organizada sostiene que la pobreza no es causal de criminalidad sino que más bien el problema de México se agrava –dice –porque existen 29 vacíos legales con los que no se puede enfrentar al crimen organizado. 
Y cuestiona, también, el hecho de que el gobierno mexicano tampoco cuente con un plan antimafia. “Ni siquiera lo proponen”, dice, y es evidente que al nivel del Congreso una propuesta de esta naturaleza será detenida. Pero se debería empezar por proponerlo y abrir el debate al respecto. 
Para Buscaglia la liberación de las drogas –una de las propuestas que impulsa el gobierno de López Obrador –tampoco será la panacea al problema de la violencia, pues asegura que si se despenalizan las drogas el crimen organizado ya opera con unas 25 tipologías delictivas que le siguen generando ganancias cuantiosas a nivel del Continente. 
El crimen se ha adelantado en muchos sentidos, los criminales saben que en algunos años quizá en varios países ya están despenalizadas las drogas, pero seguirá operando el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico humano, las extorsiones, la venta de protección, el tráfico de armamento, la compra de tierras, el control de negocios y giros negros, lo que genera millonarias utilidades. 
Para explicar lo que hizo Italia, por ejemplo, en materia de combate al crimen organizado Buscaglia señala que en el país europeo se decomisaron muchas empresas al crimen, las cuales se volvieron cooperativas sociales para generar empleo y reparar los daños causados a la gente. 
En México, dice, no existe un marco legal que vaya enfocado a la reparación de daños sociales, de tal suerte que no se puede recomponer el tejido social con el apoyo a víctimas. 
Durante los más de 40 días que el investigador estuvo en México visitó 27 estados del país. Lo que vio, dice, fue un tejido social completamente roto donde adolescentes y jóvenes están enganchados en el consumo de drogas muy adictivas, como el cristal, por ejemplo, que causa severos daños a la salud. 
El investigador insiste en que México no tiene un plan antimafia y dice que tampoco tiene instrumentos para detener el flujo de dinero que maneja la delincuencia organizada y que se lava en diversos ramos, en la construcción, en el turismo, en el levantamiento de torres de departamentos de lujo que son vendidos en sumas estratosférica. 
Elogia el trabajo que realiza Santiago Nieto, titular de las Unidad de Inteligencia Financiera, donde se están congelando cuentas de políticos y empresarios mafiosos, pero señala que “don Santiago está muy solo”, se necesita un concierto de dependencias que trabajen todas juntas para enfrentar este flagelo. 
El gobierno debería disponer de varios fiscales y una plataforma de jueces a fin de instrumentar las medidas necesarias para combatir a la delincuencia organizada, decomisar capitales, asegurar empresas y así ir desmantelando la estructura de poder que opera en municipios y estados de la República. 
Explica que cuando el gobierno empiece a combatir a la narcopolítica y a desmantelar las redes de alcaldes y policías vinculados con el crimen, las cosas pueden empezar a cambiar en México. 
Sin embargo, lo que se está consolidando es una delincuencia de Estado, una mafiocracia donde, por desgracia, todavía existen pactos de impunidad que siguen protegiendo a estos personajes. El gobierno de López Obrador tiene demasiados obstáculos en la Fiscalía General de la República, en el Congreso. 
El hecho de no contar con un plan antimafia a un año de gobierno habla de los difíciles que están las cosas para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
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