AMNISTÍA; LEY CONTRADICTORIA



*La actual política penal va en contra de las supuestas buenas intenciones que están detrás de la Ley de Amnistía propuesta por el presidente López Obrador, pues según el gobierno quiere pacificar al país, que los jóvenes no sean criminalizados ni que se incremente la desigualdad, pero por el otro lado, se siguen aprobando delitos con prisión preventiva oficiosos, que lo único que logra es que haya jóvenes pobres e inocentes en las cárceles. En síntesis, tenemos que con la referida ley por un lado libera a pocos y por otro la legislación penal encarcela a muchos, a quienes no se les ha probado el delito. Académicos y expertos opinan que se trata de un paliativo que no ataca de raíz la causa, por lo que proponen revisar el sistema de procuración y administración de justicia, porque de lo contrario vamos a tener un sistema de justicia que va a seguir encarcelando a los pobres, a los indígenas, a las mujeres que abortan, y por el otro una ley que los va a sacar, lo cual es contradictorio. La mayoría de los delitos que contempla la Ley de Amnistía no pertenecen al ámbito federal (el único sobre el que el gobierno de la República tiene competencias), por lo tanto, la población beneficiada será muy escasa y la norma prácticamente sin trascendencia a menos que los estados estén dispuestos a imitar la iniciativa. Son muy pocas las personas que han cometido los delitos federales que señala esta ley. No a todas esas personas les es aplicable, y todavía tienen que hacer la solicitud y seguir el proceso burocrático. Por lo tanto, los efectos prácticos de la Ley de Amnistía van a ser nulos.

STAFF LA OPINIÓN DE MÉXICO

Ciudad de México.- El presidente López Obrador envió el pasado 15 de septiembre a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Amnistía.

Según AMLO, la iniciativa pretende beneficiar a la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogado; es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres y ancianos, quienes no tuvieron una defensa legal adecuada y los delitos por los que son acusados no son graves. No se trata de beneficiar a quienes cometieron delitos de sangre o de violencia.

Según la propuesta, en los penales federales existe un número significativo de personas que están recluidas por delitos menores, provocados por condiciones de hambre y pobreza.

Conforme a la iniciativa, son las mujeres, los jóvenes y los indígenas los grupos más afectados. Las primeras muchas veces presionadas y amenazadas por sus parejas, los segundos por no contar con oportunidades de educación ni empleo, y los terceros por enfrentar el proceso sin un traductor.

La iniciativa contempla otorgar amnistía a las personas que no sean reincidentes en los siguientes delitos, si fueron cometidos antes de que esta Ley entre en vigor: aborto, tanto para la mujer que lo haya cometido, como para el personal que la haya asistido; cualquier delito cometido por personas pertenecientes a una comunidad indígena que no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado.

Otros delitos contemplados en la Ley de Amnistía de AMLO son el robo sin violencia que no amerite más de cuatro años de prisión, delito de sedición, que es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno.

Sin embargo, otro de los ilícitos contemplados en la citada ley son los delitos contra la salud cometidos en condiciones de extrema pobreza obligados a cometerlos por algún familiar o un miembro del crimen organizado, como robo, siembra y transporte de drogas, o narcomenudeo.

La amnistía no contempla a quienes hayan atentado contra la vida o la integridad corporal, quienes hayan cometido secuestro, ni para quien haya empleado un arma de fuego para cometer algún delito.

La propuesta indica que no desaparecen los delitos, solo se extinguen las penas, por lo que las cifras estadísticas de comisión de delitos no tendrían que modificarse.

La Fiscalía General de la República (FGR) revisará los casos de delitos menores y la Secretaría de Gobernación se encargará de los presos políticos.

Sin embargo, la mayoría de estos delitos no pertenecen al ámbito federal, el único sobre el que el gobierno de la República tiene competencias, por tanto, la población beneficiada será muy escasa y la norma prácticamente sin trascendencia a menos que los estados quieran secundar la iniciativa.

Así, tenemos el caso del aborto. La mayoría de las mujeres encarceladas por abortar fueron juzgadas por homicidio, un delito para el que no se contempla el perdón en esta amnistía.

En algunos de los estados más conservadores se han promovido leyes más restrictivas respecto al aborto y varios legisladores de Morena se han manifestado en contra de la interrupción del embarazo.

El aborto es legal en todo México en caso de violación y, desde 2016, no se entra en prisión salvo que la condena sea mayor a cinco años y solo en Sonora hay una pena máxima de seis. En la mayoría de los estados la condena superior no sobrepasa los tres años.

La organización denominada Las Libres, refiere que desde 2016 no se entra en las cárceles por el delito del aborto y en 2017 poco más de 40 mujeres estaban en prisión preventiva y apenas una veintena cumplía su sentencia condenatoria. Actualmente todas podrían haber salido en libertad.

La iniciativa de ley puede quedar en solo una buena intención, pues el perdón se excluye para el delito de homicidio, por el que están presas estas mujeres, además de que sus casos corresponden al ámbito local, no federal.

La Ley de Amnistía también cita a los grupos indígenas al grado de que saldrán de la cárcel sin importar el delito que hayan cometido, simplemente porque no haber contado con suficientes garantías en su proceso judicial, como el tener un traductor para su lengua o un abogado que también hable su dialecto.

Para los expertos jurídicos esto es una obviedad, pues consideran que cualquiera que haya pasado por un juicio injusto debería estar en libertad.

Tampoco hay datos precisos acerca de la población indígena encarcelada, aunque el problema sigue siendo el mismo: cuestión de fueros jurídicos. En la mayoría de los casos, estos delitos son del ámbito local, o sea del fuero común.

Los otros delitos que incluye la amnistía son el narcomenudeo, el robo simple, delitos contra la salud y los de naturaleza política, como la sedición.

El Ejecutivo solo ha presentado estadísticas respecto a la posesión y transporte de narcóticos: 99 mil 739 casos abiertos por las fiscalías, pero solo el uno por ciento cae en el fuero federal. De nuevo los beneficiarios se reducen notablemente.

Lo mismo sucede con los robos, en los que para que una persona sea juzgada en una instancia federal, debería haber robado patrimonio nacional.

Solamente el robo de hidrocarburos entraría en este grupo, pero Morena aprobó una reforma constitucional para catalogar el huachicoleo como delito grave, y el proyecto de amnistía rechaza incluir estos delitos.

En cuanto a los delitos contra la salud, tenemos el caso de las personas que se ven inducidas a trasladar drogas, será bastante difícil comprobar que fueron obligadas, ya que será más que imposible que acusen a alguien que puede ser su marido, o peor aún señalar a un grupo criminal.

Respecto al delito de sedición, las estadísticas no refieren que haya personas encarceladas por este motivo.

Opinan los expertos

José Ramón Cossío, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que serán muy pocos los beneficiarios de la nueva ley porque contempla delitos federales de los que son acusadas muy pocas personas.

Como sólo se refiere a delitos federales, en automático, deja fuera al 85 por ciento de los prisioneros que hay en todo el país.

Cossío destacó la importancia de promover cambios legales en los Congresos de los 32 estados, para ampliar el margen de acción y aclaró que corresponderá a la Secretaría de Gobernación promover legislaciones similares en todo el país.

Sobre el tema, Andrea Guadarrama, abogada especializada en derechos humanos y justicia transicional, refiere que la iniciativa de AMLO no está vinculada a un proceso más complejo de reconciliación y pacificación.

En su opinión, la iniciativa de Ley de Amnistía que se discute en la Cámara de Diputados parece un esfuerzo aislado, sin que lo hayan pensado mucho en términos operativos.

Además, dice, tiene algunos aspectos preocupantes, como el hecho de que la otorgue la Fiscalía General de la República, y en el caso de la sedición la Secretaría de Gobernación, en vez de un juez.

Otro de los puntos es que la iniciativa de ley no establece ninguna vinculación a un programa de reinserción de las personas liberadas lo que, a su juicio, pone en la mesa el conflicto sobre el acompañamiento posterior a los beneficiarios de la medida.

Guadarrama explica que está comprobado que cuando la amnistía se hace a la par de estrategias de justicia puede tener un resultado muy positivo, pero en este caso se lanza como una acción solitaria, que no corrige ningún problema estructural.

Igualmente considera que se debe priorizar la implementación de la justicia transicional como política de Estado, a través de una ley o una reforma constitucional.

La abogada especializada en justicia transicional señala que el gobierno tiene que ser más inteligente en cómo suelta esta carta, tal vez no están ampliando el espectro de todo lo que podrían

amnistiar, a cambio de información muy importante para la persecución penal y la construcción de una narrativa de verdad.

Guadarrama opina que amnistiar a las personas puede ser una buena moneda de cambio para una situación muy crítica, en la que México no solo afronta una situación de violencia agravada, sino también altos índices de impunidad.

Recordó que según cifras del organismo Impunidad Cero, el nivel de impunidad en México es de 98.86 por ciento y existe una tasa de delitos que no se denuncian y ni se investigan de 93.6 por ciento.

Para otros especialistas como Luisa Gabriela Morales, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la referida ley es un paliativo que no ataca de raíz la causa, por lo que propone revisar todo el sistema de procuración y administración de justicia.

De lo contrario, advierte la académica, lo que vamos a tener es un sistema de procuración de justicia que va a estar encarcelando a los pobres, a los indígenas, a las mujeres que abortan, y por el otro lado vamos a tener una ley que los va a sacar. “Es contradictorio”.

Para Luisa Morales “una cuarta arista de esta ley es la de liberar a los llamados presos políticos, ese es el más polémico, pues finalmente puede servir para liberar a personas que pueden ser oponentes o personas que pueden ser instrumentalizadas por el gobierno”.

Morales señala que desde una perspectiva de derechos humanos la iniciativa busca disminuir las desventajas que sufren los grupos vulnerables porque las personas destinatarias de la ley son mujeres o pertenecientes a comunidades indígenas o jóvenes que por diversas circunstancias sociales y económicas se han visto obligados a delinquir.

La académica agrega que esta iniciativa también considera la perspectiva de género, otra de las demandas más fuertes de la sociedad, pues considera a las mujeres que se han practicado un aborto, así como a los médicos que las asistieron.

En opinión de Miguel Alfonso Meza, consultor del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE), la política penal va en

contra de las supuestas buenas intenciones que están detrás de esta ley pues, según el gobierno quiere pacificar al país, que los jóvenes no sean criminalizados, quiere que no se aumente la desigualdad, pero por otro lado el gobierno sigue aprobando delitos con prisión preventiva oficiosos que lo único que hace es que haya jóvenes, pobres e inocentes en la cárcel, por un lado libera a pocos y por otro encarcela a muchos a quienes no se les ha probado el delito.

Explica que para poder aplicar esta ley se debe realizar un trámite frente a la Fiscalía General de la República, pero el delito de sedición es cosa aparte. Este se hace a través de la Secretaría de Gobernación, quien decidirá a quién se aplica, y eso es un pendiente.

“El presidente no ha explicado en quién ha pensado cuando se piensa en liberar a personas por el delito de sedición, mejor conocidos como presos políticos, debemos exigir en quiénes está pensando al proponer eso y que sea explícito a quienes está dirigida esta ley”, señala Alfonso Meza.

“Considerando que la amnistía no va a ser aplicable a ningún delito que se cometa en el futuro y que contempla pocos delitos cometidos en el fuero federal, esta legislación tendrá poco impacto, pues los delitos que prevé son menores y generalmente no se persiguen en el ámbito federal”.

El consultor de DILE señala que son muy pocas las personas que han cometido los delitos federales que señala esta ley. “No a todas esas personas les es aplicable, y todavía tienen que hacer la solicitud y seguir el proceso burocrático. Por tanto, va a tener una incidencia que en términos loables apenas se va a percibir, sus efectos prácticos van a ser nulos”.

La Cámara de origen –en este caso la de Diputados- cuenta con un plazo máximo de 30 días naturales para el análisis, discusión y aprobación de la iniciativa de Ley de Amnistía. Una vez que el pleno emite su voto, pasará a la cámara revisora (Senado de la República), la cual deberá discutirla y votarla en el mismo tiempo.

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