LA DESCENTRALIZACIÓN; UNA MENTIRA MÁS



*Como ha sido costumbre del presidente López Obrador hablar sin sustento alguno, sin bases ni estudios que avalen sus proyectos y programas -mejor dicho sus ocurrencias-, su promesa de descentralizar las Secretarías de Estado y dependencias federales, no pasará de ser una más de tantas mentiras que ha dicho desde su campaña por la Presidencia. El primer obstáculo que enfrenta es el económico, ya que un proyecto de esta magnitud requiere de por lo menos 22 mil millones de pesos anuales; el reacomodo de las oficinas de gobierno se calcula en algo así como 127 mil millones de pesos y en una administración que ha hecho de la austeridad su política de gobierno, resulta prácticamente imposible disponer de tal cantidad de recursos presupuestales. El plan de descentralización, señalan especialistas, no es tan sencillo como el Presidente lo ha planteado en su discurso populista y demagógico, pues podría tardar hasta 30 años en llevarse a cabo debido a las implicaciones sociodemográficas, de inversión pública, infraestructura complementaria y nuevas capacidades territoriales, sociales y profesionales, para que las condiciones de estas ciudades y la operación de las propias dependencias sean realmente viables. La tan “cacareada” descentralización de dependencias federales debe estar sustentada en estudios de factibilidad urbana, movilidad, impacto ecológico y, ante todo, debe ser indexada al plan de desarrollo urbano de cada entidad federativa o municipio y no presentarse como una promesa de campaña o un plan de gobierno con escasas o nulas probabilidades de convertirse en realidad.
                     
  STAFF LA OPINIÓN DE MÉXICO

Ciudad de México.- Desde que era precandidato a la Presidencia de la República, López Obrador propuso descentralizar 31 dependencias federales y trasladarlas a diferentes estados de la República. Un proyecto de esta magnitud, contando con todos los recursos económicos disponibles, podría llegarse a concretar por lo menos en tres décadas, de acuerdo a expertos en urbanismo.
Las ocurrencias de AMLO contemplan, por ejemplo, reubicar a la Secretaría de Turismo en Chetumal, Quintana Roo; Semarnat en Mérida, Yucatán; Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche; la Secretaría de Energía en Villahermosa, Tabasco; la Comisión Federal de Electricidad, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Conagua en Veracruz; la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol) en Oaxaca, y la Secretaría de Educación Pública en Puebla.
Desde el inicio de su campaña, destacados urbanistas consideraron que la propuesta de AMLO podría ser positiva, siempre y cuando se analicen otros aspectos como la densidad poblacional de cada lugar, su capacidad instalada en términos de infraestructura, los servicios, las telecomunicaciones disponibles y los recursos humanos existentes, aunque todos coincidieron en que el factor económico es el más importante por la cantidad extraordinaria de recursos que se requiere para su implementación.
Como presidente electo, AMLO había propuesto destinar un presupuesto cercano a los 23 mil millones de pesos para financiar estudios de viabilidad regional, de infraestructura, de mercados inmobiliarios y, económicos para la inversión, entre otros.
Hasta el momento, a unos meses de cumplir su primer año de gobierno, AMLO no ha precisado con exactitud la procedencia de los fondos para la descentralización gubernamental.
Se llegó a plantear hacer uso de fideicomisos de inversión y bienes raíces (o fibras), lo que implicaría fondos de capital de riesgo (inversión temporal privada) en lugar de más endeudamiento, pero no hay dada claro al respecto.
Según el gobierno de la Cuarta Transformación se debe acabar con la concentración de instituciones gubernamentales en la Ciudad de México, donde asegura está concentrado el 80 por ciento de los tres millones de burócratas que trabajan en 18 secretarías de Estado y 299 entidades de gobierno.
Apenas en julio pasado, el presidente López Obrador reconoció que en el proceso de descentralización “no hemos avanzado, no hemos podido”.
Según él, de todas las Secretarías “la que más ha avanzado es la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien ya está trabajando más tiempo en Villahermosa, Tabasco”.
Para el Presidente, el traslado de las dependencias a los estados es un proceso que “no vamos a dejar de lado, se va a ir cumpliendo. Vamos poco a poco. Son de los compromisos pendientes. De 22 que están en proceso, uno de ellos tiene que ver con la descentralización, pero no lo hemos olvidado”.
Para los urbanistas, el reto de la descentralización no es solamente del gobierno de AMLO, sino también de los estados, ya que de ellos dependerá si esto resulta en una catástrofe porque no supieron resolver la demanda que se genere, como requerimientos de suelo, de infraestructura, de servicios médicos, educativos, de vivienda, entre otros, o si se convierte en una ventaja competitiva.
La especialista en Planeación y Políticas Metropolitanas, Angélica Garnica, consideró que la descentralización de dependencias federales tiene que estudiarse con una perspectiva bien informada, planear, proyectar, analizar, evaluar y generar escenarios.
“De no realizarse de esta forma podría significar más una ocurrencia”, señaló.
En su opinión se debe considerar el impacto ambiental y al entorno urbano, además de analizar con precisión las características de la entidad a donde se piense reubicar la dependencia, si estos lugares tienen un crecimiento urbano bajo, medio o nulo.
Respecto al entorno socio territorial, se tiene que analizar en dónde se va a construir, con qué se construirá, qué magnitud de crecimiento implica, bajo qué ordenamiento se va a generar, cuál es la proyección sociodemográfica, cuál es el cambio de uso de suelo, entre otros factores.
Garnica señaló que descentralizar las Secretarías a diferentes estados como lo plantea el Presidente llevaría por lo menos 30 años, debido a las implicaciones sociodemográficas, de inversión pública, infraestructura urbana complementaria y nuevas capacidades territoriales, sociales y profesionales, para que las condiciones de estas ciudades y la operación de las propias dependencias sean realmente viables.

PODRÍA GENERAR UN CAOS

Por su parte, Israel Rodríguez Ramírez, catedrático en Urbanismo por la UNAM, sostiene que un movimiento de esta magnitud traería consigo una amplificación de la economía de mercado en esos lugares al generar aglomeración y urbanización.
Sin embargo, señaló que estos proyectos deben estar sustentados en estudios extensos de factibilidad urbana, movilidad, impacto ecológico y, ante todo, deben ser indexados al plan de desarrollo urbano de cada entidad o municipio.
Para el experto, si el programa de descentralización se hace de la manera apropiada, propiciará el crecimiento de la economía local y regional, siempre y cuando el desarrollo vaya de la mano con el desarrollo urbano planificado y con suficiente infraestructura, equipamientos, vialidades, vías de comunicación, vivienda, áreas verdes, etcétera.
Israel Rodríguez fue muy claro: “No puedes de la nada meter una dependencia en una pequeña ciudad porque generarías caos”.
Consideró que el plan de movilización es positivo, siempre y cuando se invierta y se detone la economía local y regional.
En lo que coinciden los expertos es en que el proceso de descentralización como lo plantea el gobierno de la Cuarta Transformación acarrea una cadena de problemas.
Por principio de cuentas, la dependencia que se asiente en una determinada ciudad podría convertirse en un “polo de desarrollo”, aunque también es cierto que puede ser un “polo de conflicto”.
Cuando se planta un proyecto de esta naturaleza, la competitividad en la ciudad puede mejorar, pero si no se incluye la participación y evaluación de las comunidades locales, se puede generar un proceso generalizado de deterioro del proyecto, con la generación de un clima de inseguridad y de violencia, opinó por su parte el analista inmobiliario Leonardo González.
En opinión de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), existen cuatro inconvenientes sobre la descentralización de las Secretarías del gobierno federal.
Como primera desventaja mencionó el costo económico y el tiempo en que se llevaría a cabo.
De acuerdo con la Coparmex, el equipo de López Obrador calculó el reacomodo en 127 mil millones de pesos, equivalentes al presupuesto de la Secretaría de Salud en 2018, además de que parece improbable que en seis años se logren mudar las 31 Secretarías y dependencias federales sujetas al citado programa.
El segundo inconveniente, sería la selección de los inmuebles. A pesar de que el gobierno federal cuenta con 116 inmuebles desocupados en 25 estados, estos carecen de las características necesarias de funcionalidad y ubicación adecuada para albergar una dependencia.
La tercera dificultad se refiere al reto de retener el capital humano que labora en las dependencias actualmente.
El cambio de adscripción, implicaría que muchos mandos medios, equipos técnicos especializados, y servidores públicos de carrera, cuyo talento es un verdadero activo del gobierno federal, decidan separarse de sus funciones.
Hay que tomar en cuenta que este desplazamiento implica también a las familias de los funcionarios, por lo que se requiere planeación estratégica e inversión en infraestructura de las ciudades receptoras, para garantizar a los servidores públicos y sus familias, condiciones adecuadas de empleo, vivienda, transporte, educación y salud.
El organismo empresarial señala que en cuestión de agilidad de los trámites en las dependencias, los efectos del desplazamiento serían marginales, ya que los trámites seguirán siendo los mismos, solo que las gestiones tendrán que ser realizadas ahora desde un lugar distinto, generando nuevos costos de desplazamiento y pérdida de eficiencia.
La solución al centralismo que asfixia al país, dice la Coparmex, está en la eliminación y simplificación de trámites, dotar de facultades a las unidades regionales de las dependencias, en celebrar convenios de servicios con gobiernos estatales y en inversión en tecnología.
La descentralización de las Secretarías y dependencias federales parece más una ocurrencia que un proyecto de gobierno, sobre todo por la cantidad de recursos que ello implica en momentos en que la economía del país está a un paso de la recesión, la captación fiscal en sus niveles más bajos y los recortes al gasto público mantienen en jaque a todos los programas gubernamentales.
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