LA MAFIA NO ES DE PAPEL


Ricardo Ravelo/La Opinión de México


            Frente a las palabritas inofensivas y hasta juguetonas del presidente, el crimen organizado responde con balas y muertos.

Ante la ola de matanzas y desapariciones que azotó al estado de Tamaulipas, particularmente a las ciudades de Matamoros y Nuevo Laredo, el presidente volvió a utilizar el lenguaje suave contra el crimen organizado: “Fuchi, Guácala”, “Ya Bájenle”“Al carajo con la delincuencia”, pórtense bien”, expresó durante una gira de trabajo por esas demarcaciones incendiarias.

            El presidente circuló por algunas calles peligrosas de Nuevo Laredo, donde una muralla de hombres, presuntamente miembros del cártel del Golfo, lo esperaban con una bambalina en la que le daban la bienvenida, pero el vehículo donde iba López Obrador dobló por una calle distinta y se dirigió al sitio del evento donde ya lo esperaba en gobernador Daniel Cabeza de Vaca.

            Ante este hecho nuevamente se encendieron las alarmas respecto de la seguridad presidencial, insuficiente, como es evidente, ante la artillería que el jueves 5 mostró el cártel del Noreste cuando se enfrentó a efectivos de la policía estatal en Nuevo Laredo y Matamoros, ciudades sin ley, cuna de matones y capos.

            López Obrador debe entender que la delincuencia no es de papel, aunque él piense lo contrario: utiliza armamento poderoso mientras el presidente deambula con una escueta escolta que no sería suficiente para proteger su integridad ante un embate del crimen.

            Si algún cártel decide matar al presidente es claro que éste sería un blanco muy fácil. Y si esto sucede generaría toda una revolución en el país, una crisis más en medio de la económica, la inseguridad y la pobreza que enfrenta el país. ¿Cuál es la necesidad de ponerse en riesgo? ¿Realmente López Obrador piensa que es intocable? Esto más que un destello de valentía parece una evidente inconsciencia del presidente.

            Como ya se ha dicho en otros diagnósticos, en México el crimen organizado está enquistado en la estructura política, no es un ente separado del poder: opera en las policías, en las presidencias municipales, en los círculos empresariales, en los gobiernos estatales, en las 49 aduanas, en las zonas portuarias  –por decir lo menos –y tiene amplios contactos en centro, Sudamérica, Europa, Asia y África.

            La delincuencia organizada en México, por ejemplo, tiene controlado más de 75 por ciento del territorio nacional. Esto quiere decir que el presidente López Obrador, en estricto sentido, cogobierna con el crimen organizado y no tiene autoridad en todo el país.
            Ante el evidente vacío de Estado que impera, el crimen organizado controla a las corporaciones policiacas tanto estatales como municipales y también a buena parte de las guardias comunitarias. De igual forma controla a las procuradurías de los estados y en muchos casos tiene amplia influencia en los gobernadores del país, sobre todo en aquellos que llegaron al poder financiados por la mafia.

            El vacío de Estado que priva en el territorio hace posible, por ejemplo, que a cada momento se repitan actos de narcoterrorismo como el que se presentó en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, cuando un cártel, presuntamente el de Jalisco, incendió el bar “El Caballo Blanco” con un saldo de treinta personas muertas. Hasta ahora no hay detenidos.

            Este mismo vacío de Estado provoca que grupos armados se enfrenten en Michoacán y asesinen a 19 personas, las descuarticen y las cuelguen de los puentes sin que autoridad alguna intervenga para frenar esta carnicería humana.

            Este mismo vacío de Estado facilita que la droga circule por todas partes y llegue a los consumidores; allana el camino para que los aviones comerciales arriben al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y descarguen toneladas de cocaína o de pseudoefedrina (para elaborar drogas sintéticas) y la policía cierre los ojos porque antes han recibido un cañonazo de dólares para guardar silencio y hasta para proteger que la mercancía llegue intacta a su destino.

            El vacío de Estado permite, además, que miles de armas de alto poder ingresen al país a través de las 49 aduanas y los cárteles aumenten su artillería pesada para enfrentarse a sus rivales o a las Fuerzas Federales mostrándose con ventaja por el uso de lanzagranadas y Barret 50, lo que hace pensar que en México vivimos una guerra sin tregua.

            Ese juego de palabras sin autoridad –“pórtense bien”, “al carajo con la delincuencia”, “fuchi, guácala” –expresadas por el presidente envían una muy mala señal a la sociedad y a la propia delincuencia organizada porque permite pensar, con preocupación aumentada, que el mandatario minimiza al crimen y hasta se puede considerar que no tiene una idea clara del poder que tiene la mafia en México.

            En el país operan catorce cárteles –el más grande y poderoso es Sinaloa –pero el resto de los grupos criminales son harto beligerantes: no conocen otro lenguaje más que el de las armas y no entienden palabras “ni regañitos”, como los que expresa el presidente”, no. Su único medio de comunicación son las balas y la corrupción. Y así han doblado a las instituciones de este país: han sabido doblegar la voluntad de altos funcionarios y políticos a base de dinero y balazos. No se andan con medias tintas.

            Por ello, la experiencia internacional establece que al crimen organizado se le combate con estrategia y la que hasta ahora sigue el presidente no es la adecuada: López Obrador cree –quien sabe quién carajo se lo dijo –que la causa de tanta violencia y criminalidad es la pobreza. Por eso se la pasa repartiendo dinero a lo largo y ancho del país y hasta se atreve a decir, en medio de la metralla, que los índices delictivos están bajando, que el país se está serenando.

            Nada de esto es cierto, por el contrario, el crimen organizado ejerce un poder absoluto en más de la mitad del territorio. Hace cinco años, los organismos de inteligencia de Estados Unidos denominaron a este fenómeno “la Insurgencia Criminal”, se referían al avance y dominio territorial que tenía desde entonces el crimen organizado en el país.

            Lo que no quiere aceptar el presidente es que el crimen organizado ya es gobierno en México: tiene controlados al 85 por ciento de los municipios, legisla en los estados y a nivel federal y en muchos gobernadores representan los intereses de la mafia porque llegaron financiados por las redes del crimen. El presidente sabe quienes son.

            A este crimen organizado no se le combate con un “ya bájenle”, para enfrentarlos se requiere una verdadera revolución, como se hizo en Italia y en Colombia, donde el Estado se erigió en verdadera autoridad y desmanteló el patrimonio de la mafia encarcelando a políticos ligados a esos intereses.

            En esos países se puso a funcionar –pero en serio, no de a mentiritas –la Ley de Extinción de Dominio, con la que se le arrebató al crimen el dinero, propiedades y muchísimos bienes, pues sólo así se les pudo debilitar. En esta estrategia no hubo palabras: hubo acciones legales, se impuso la fuerza de la ley.

            La delincuencia organizada se ríe ante la palabrería infantil del presidente. Mientras López Obrador juegue con el crimen, el crimen aumenta su beligerancia y utiliza estrategias propias del terrorismo para hacer sentir su poder.
            ¿Qué más tiene que suceder para que el presidente tome acciones contundentes? Sólo falta que el crimen organizado comience a derribar aviones comerciales –como ocurrió en Colombia –, dinamite clubes de empresarios y secuestre a hijos y esposas de políticos.

            Sólo falta que la delincuencia organizada secuestre a los hijos del presidente López Obrador y los utilice como carnada para exigirle al gobierno que haga tal o cual cosa a su favor. Todo esto es factible que ocurra en México y en las más encumbradas familias, esas que se la pasan en los clubes del Jet set tomando champagne y degustando caviar mientras el país se desmorona. A esta clase dormida en sus laureles les puede llegar la lumbre si no se ponen las pilas, como lo hicieron los colombianos, para exigir que el Estado invada con su poder los territorios que están vacíos y que ahora son ocupados por la delincuencia organizada.

             Hasta ahora la Guardia Nacional no ha servido para frenar al crimen organizado, en muchos estados está rebasada. Ahí están los últimos enfrentamientos ocurridos en Tamaulipas, donde el propio gobernador exige a gritos que haya negociación con las fuerzas criminales porque es claro que ningún estado –y menos Tamaulipas con la herencia negra de los exgobernadores del PRI — del país tiene capacidad para enfrentar a la mafia.

            La mafia no es de papel: existe, corrompe y mata cuando se decide.
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