PRIMER INFORME: LA INCERTIDUMBRE


 Ricardo Ravelo/STAFF SOL QUINTANA ROO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador se apresta para rendir su primer informe de gobierno en un escenario plagado de claroscuros: la economía del país simplemente no camina, por el contrario, está estancada; más de la mitad del territorio nacional está azotado por la violencia del crimen organizado, imparable pese a que la Guardia Nacional ya está en operación.
            Sin embargo, para el mandatario estas realidades no parecen ser tan trascendentes porque, a su juicio, el país está “feliz, feliz, feliz”. Evidentemente, este escenario paradisíaco que él observa no lo comparte la mayoría de la gente, sobre todo la clase obrera y campesina, así como la clase media baja que sufre despidos, cierre de empresas, caída del poder adquisitivo, violencia del narcotráfico, entre otros males.
            Si bien el gobierno de López Obrador asestó un fuerte golpe al robo de combustibles y desactivó las operaciones del llamado “cártel del huachicol”, lo cierto es que el país no mejora su situación económica. Este año, por ejemplo, los indicadores económicos más confiables señalan que habrá cero crecimiento.
            De igual forma, la violencia generada por el crimen organizado sigue sin ser detenida. Los cárteles del narcotráfico –por citar sólo la expresión más violenta del crimen organizado –siguen ajustando sus cuentas a toda hora a lo largo y ancho del país.
            Los hechos hablan:           
A las matanzas de Michoacán perpetradas hace dos semanas por el Cártel de Jalisco –están enfrentados al cártel de Los Viagras –le siguieron otros enfrentamientos en Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y la Península de Yucatán, estados donde la organización de Nemesio Oseguera ha sentado sus reales a base de sangre y fuego.
            El caso de Veracruz es ejemplificativo porque Los Zetas y el Cártel de Jalisco se han declarado la guerra, una vez más, por el control de esa entidad. Los nuevos enfrentamientos iniciaron en el municipio de Río Blanco, en el centro de ese estado, con el asesinato y decapitación de Sandra Zúñiga, empleada de la trasnacional Coca Cola. El cuerpo de la mujer de 25 años fue hallado embolsado en céntrica calle junto con unos mensajes del cártel de Jalisco que anunciaba el inicio de enfrentamientos en todo el estado en contra de Los Zetas.
            En Michoacán la lucha por el control del estado lo libran cuatro cárteles y esa es la razón de la violencia que azota a esa entidad. De disputan el territorio el cártel de Jalisco, Los Viagras, Los Caballeros Templarios y el cártel del Milenio. 
            Michoacán resulta clave en el tráfico de drogas: es la puerta de entrada hacia el Pacífico, ruta por donde se lleva la droga hacia la frontera y de ahí pasa a Estados Unidos, el país más consumidor del mundo.
            En el caso de Quintana Roo y la Península de Yucatán, la lucha a muerte es entre Zetas y los cárteles de Sinaloa y Jalisco: todos están enfrentados por el control de la llamada ruta del Caribe, una de las más socorridas por el crimen organizado.
            La ruta del Caribe, en otro tiempo, era utilizada por el cártel de Juárez. Este grupo criminal logró enganchar, en los años noventa, al entonces gobernador de ese estado, Mario Villanueva Madrid, El Chueco.
 De acuerdo con las acusaciones federales que enfrentó el exmandatario quintanarroense, el cártel de Juárez se hizo de sus servicios para operar el tráfico de drogas a gran escala. Alcides Ramón Magaña, El Metro, era el principal enlace, de acuerdo con las investigaciones de entonces. El narcotraficante fue capturado el junio de 2001. Sin embargo, Villanueva Madrid siempre adujo que su desgracia fue por un tema político: su pleito con Rodolfo Zedillo, hermano del expresidente de México, Ernesto Zedillo, a quien le negó la posibilidad de hacer negocios con la obra pública.
            López Obrador arriba a su primer informe con un escenario de violencia que él mismo reconoce como un grave problema pendiente de su administración. En sus conferencias mañaneras ha sostenido que la violencia del crimen organizado es un fenómeno muy grave y ofrece resolverlo, aunque no dijo cómo.
            Sin embargo, el presidente confía en que atacando las causas –repartiendo dinero entre la gente pobre y con programas sociales –se irá bajando la incidencia delictiva, aunque en realidad el crimen organizado no sólo tiene como asidero la pobreza del país sino que su evolución es resultado de otras causas como la impunidad, la corrupción institucional y la llamada narcopolitica, los hombres del poder al servicio del crimen.
            Sin embargo, esta estructura criminal que se cimentó desde el poder no parece significar algo importante para el presidente López Obrador porque ni siquiera se refiere a ese fenómeno como un obstáculo importante para frenar al crimen organizado.
            Como ya se ha dicho en este espacio, el corazón del crimen organizado está en la estructura política y algunos datos duros así lo ejemplifican: más del 80 por ciento de los alcaldes del país, por ejemplo, llegaron al poder financiados por el crimen organizado y sirven a esos intereses. Otros ya son diputados, senadores y hasta gobernadores. En suma, el narcotráfico ya es gobierno en buena parte del territorio nacional.
            Un caso escandaloso es el estado de Morelos que tiene 33 municipios y la mitad están controlados por el narcotráfico: los alcaldes protegen las actividades criminales y han puesto a las policías al servicio del crimen lo mismo que la obra pública y la concesión del servicio de basura.
            El hecho de que el crimen organizado disponga de los cuerpos de policía es la causa de que en el país no haya seguridad, pues más de 80 por ciento de las policías estatales y municipales sirven al narcotráfico y no a la sociedad.
            De acuerdo con el mapa criminal de México, la Guardia Nacional es insuficiente para frenar la violencia criminal. Por ello, es urgente que se pulvericen las policías estatales y municipales y se cree una nueva estructura policiaca que garantice la seguridad.
            Municipios completos en todo el país padecen la más cruda violencia del crimen organizado. En realidad, son catorce los cárteles que se disputan el territorio y no hay ningún dique que pueda contener el flagelo de la violencia.
            Recientemente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el gobierno había entablado diálogo con grupos armados, entiéndase, con el crimen organizado. 
            La idea –dijo –era desactivar la violencia mediante la negociación con los grupos criminales, una medida nunca antes explorada por ningún gobierno en México. En Italia y Colombia, por ejemplo, dos países que se vieron sacudidos con los embates de la mafia, implementaron estas medidas como una forma de resolver la violencia y la perniciosa presencia criminal. Abrieron sus respectivas legislaciones para regular capitales ilegales y para que muchas empresas de la mafia se pasaran al carril de la legalidad. Esta fue una medida exitosa en esos países.
            Sin embargo, el presidente López Obrador negó que su gobierno negocie con el crimen organizado. En resumen, desmintió a su secretaria de Gobernación, quien tuvo que desdecirse respecto a lo que había aseverado en una entrevista con medios de comunicación.
            El presidente expuso que su gobierno es responsable de garantizar la paz y la seguridad en todo el territorio, aunque en los hechos ha fracasado, pues hasta ahora no existe ninguna acción que frene las masacres.
            El gobierno de López Obrador, al igual que el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no ha mostrado capacidad para garantizar la vida ni el patrimonio de nadie en ningún rincón del país.
            Sin embargo, López Obrador asegura que pese a este problema creciente  –el de la violencia generalizada –el país “está feliz”, aunque no ha explicado en qué consiste tal felicidad cuando la economía no marcha; la gente se queja porque hay vislumbres de una recesión económica que mantiene paralizada la economía –el gobierno niega que haya recesión –y porque el desempleo se agudiza debido al cierre de empresas.
            Los principales proyectos del país –portuario, aeroportuario, entre otros –no terminan de arrancar; las obras importantes están detenidas. Un caso ejemplificativo es la obra de ampliación del puerto de Veracruz, la cual está parada y el principal argumento tiene que ver con la falta de dinero, pues el gobierno federal sigue manteniendo los recursos retenidos, lo que va a ocasionar subejercicio en este año, aunque para el presidente López Obrador esto “es ahorro”.
            En realidad, el presupuesto del gobierno no puede ahorrarse sino invertirse en los principales proyectos que permitan echar a andar la economía del país.
            El primer informe presidencial seguramente destacará algunos logros como el combate a la corrupción, a la impunidad y al robo de combustibles en Pemex, un negocio que, como se sabe, era operado por altos funcionarios de esa paraestatal.
            Sin embargo, en materia económica y seguridad pública –columna vertebral de la gobernabilidad –el gobierno de López Obrador sigue teniendo una enorme deuda pendiente con el pueblo que él mismo dice respetar.
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