DESAFÍO

 
*Revires Semánticos

*De la “Ley Garrote”

Por Rafael Loret de Mola/STAFF GRUPO SOL

       Desde la ONU vino el reclamo, digamos la recomendación, en el sentido de que el presidente de México mesurara sus palabras para evitar con ello la creación de espacios para e linchamiento popular o el enfrentamiento, sin sentido, de distintos gremios o grupos; entre tales no entran, desde luego, los criminales aunque, sin duda, hay muchos que se incluyen en la nómina del gobierno por sus nexos non santos y la extrema hipocresía –un adjetivo recurrente en voz de Andrés Manuel contra sus críticos-, de no pocos miembros de un gabinete amorfo del cual el propio mandatario quiere librarse o, cuando menos, esperar que algunos de sus integrantes entiendan que no caben en el mismo por estar inconformes con la perspectiva de la 4T.

       López Obrador, dado su nuevo talante –mucho más intolerante que en sus años de opositor contumaz-, decidió no escuchar los consejos del órgano mundial bajo el argumento de que no tenían sustento legal como tampoco lo tienen, digamos, las famosas consultas a mano alzada que pretenden resolver diferendos, agravios o decisiones de la mayor envergadura y con efectos para una comunidad de varios miles de personas, incluso millones, con el consenso de un centenar. Ninguna ley fundamental, en la historia de México, se ha resuelto de esta manera ni permite este modelo sui géneris para alimentar el ego presidencial desdeñando a sus “adversarios”, como él los llama, olvidándose de que, dese hace ocho meses, debe actuar como el gobernante demócrata que se somete a la soberanía popular, integrada por sus aduladores pero también por sus detractores y, en medio del campo lacónico la mayor parte de los mexicanos entre quienes se cuentan también los arrepentidos que ya no son pocos. Y todavía no rinde el tabasqueño su primer informe. 

        Veamos, por ejemplo, cómo define el diccionario –tengo a la mano el muy completo de Grijalbo aunque me resista a esta casa editorial que se sumó a la censura contra mí-, el término fifí, tan de moda, y que el mandatario usa como sinónimo de conservador equivocadamente:

        “Fifí: pertinente, frívolo, ocioso”
        Pero si nos vamos a la definición del mundo cibernético, Google lo describe así:
        “Fifí: (Coloquial) Persona que tiene modales y actitudes delicadas y exageradas”.

        Cabría concluir que el león no es como lo pintan para explicar que las bravuconadas no son propias de los hombres de Estado, ni siquiera de los aspirantes a serlo ni los de la sociedad culta. Son salidas fáciles para quienes carecen de argumentos y, por ende, tienden a globalizar por no saber replicar, en concreto, las críticas de determinados sujetos –a quienes debe nombrare cuando se aplica el modelo- con argumentos serios, si bien en el caso del llamado primer magistrado éste debe apegarse solo a sus funciones y facultades específicas y no caer en el juego de palabras por el cual “cualquier ciudadano” tiene derecho contestatario; no es así, a menos que se deje la banda tricolor sobre un sillón cuidando de que no se resbale como ocurrió el día del V Informe de peña cuando pretendió presumir su aplicación de Periscope.

       Porque si a “fifí” vamos podríamos aplicarle a cierto personaje, ya sabes quién, un término que podría parecer infamante. Según el diccionario se describe así:

       “Fofo: blando, sin fuerza”
       A quien le venga el saco que se lo ponga.

       LA ANÉCDOTA

       ¿Cuántos bloqueos, plantones, toma de casetas y artimañas paralizantes usó el señor López Obrador, a lo largo de su carrera opositora, esto es desde que dejó al PRI en 1988 –al concluir el proceso selectivo en pro de carlos salinas-, para hacer escuchar su voz?  Recuerdo cuando no pocos defeños –entonces así se denominaban los capitalinos-, se enfurecieron por la extensa parálisis sobre la Avenida Reforma y hasta el Zócalo aunque fuera una justa manifestación por el descarado fraude electoral de 2006 que habilitó a un patán, felipe calderón, como mandatario.

       Pues bien, ahora ya en el poder, en su entidad natal, Tabasco, el gobernador morenista, Adán Augusto López Hernández, emitió la llamada “ley garrote” por la cual las manifestaciones descritas tendrán una penalidad entre seis y trece años de prisión.

        De haberse extendido tal ordenamiento desde el año 2000, Andrés Manuel tendría hoy una sentencia cercana a la cadena perpetua. 
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