ANTE EL CRIMEN, LA TIBIEZA PRESIDENCIAL


Ricardo Ravelo/STAFF LA OPINIÓN DE MÉXICO

A cuatro días de la matanza de 19 personas en Uruapan, Michoacán, presuntamente a manos de sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo lamentó lo ocurrido, pero se mantuvo en la posición de no declararle la guerra al crimen organizado.

            “No vamos a actuar como lo hicieron antes”, dijo el mandatario, al tiempo que consideró muy lamentable que estas personas haya perdido la vida tan irresponsablemente en Michoacán. Luego añadió: “Nosotros estamos atacando las causas”.

            La postura del presidente de la República ha sido cuestionada porque mientras el crimen organizado arremete con violencia por todas partes el gobierno responde con tibieza, ausente la reacción del Estado ante el flagelo del narco.

            En campaña, primero, y como presidente, después, López Obrador ha dicho que no le declarará la guerra al crimen; también ha mencionado que habrá amnistía para algunos criminales, lo que derivó en fuertes críticas por carecer de una política integral para enfrentar a la delincuencia, ya que más de medio país está atenazado por los cárteles, cuyos tentáculos van creciendo e incluso ya operan en otros países de América Latina y Europa.

            De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la Republica, como resultado de la guerra fallida implementada en el sexenio de Felipe Calderón, en el país operan un total de catorce grupos criminales o cárteles.

            Algunos cárteles están asociados, como es el caso de Los Zetas, quienes sellaron una alianza con el de Tijuana y el del Milenio, éste último tiene su base de asiento en Michoacán, territorio sin ley.

            El cártel del Golfo, en otro tiempo rival acérrimo de Sinaloa, terminó aliado al cártel que ahora comanda Ismael El Mayo Zambada desde hace tres años. Sinaloa está fraccionado en cuatro bloques, representados por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, su hermano Aureliano Guzmán y Rafael Caro Quintero, quien volvió a sus andanzas y opera en el norte del país. Zambada García encabeza un frente, pero las autoridades lo consideran el verdadero líder de ese grupo criminal tras la caída de El Chapo Guzmán.

            En Michoacán convergen la mayoría de los cárteles debido a que es la principal zona para el abastecimiento de drogas que proviene de Colombia y que es descargada en altamar. Pero en ese territorio tiene su base La Familia Michoacana, Los Valencia Cornelio, Los Caballeros Templarios y el cártel del Milenio.

            Muy cerca de ahí, en Jalisco, está el grupo criminal que encabeza Nemesio Oseguera, El Mencho, quien ahora pretende meterse en Michoacán y controlarlo todo. El cártel de Jalisco estuvo aliado a Sinaloa, pero las relaciones se fracturaron. De acuerdo con las autoridades, ahora se alió a los grupos de Autodefensas, las cuales están divididas: una parte sirve a la sociedad y otra al narcotráfico.

            En Morelos y Guerrero operan Los Rojos, Guerreros Unidos y Los Ardillos. Estos cárteles están enfrentados por el control de los sembradíos de amapola, motor económico de esas regiones. Y la disputa por este botín es la causa de la violencia.

            Los datos hablan: De acuerdo con datos oficiales, la amapola sostiene a mil 287 comunidades en Guerrero y las ganancias por la siembra y cosecha de esta planta –de donde se extrae la goma de opio –genera ganancias que rayan en los 1, 200 millones de pesos.

            La historia de la amapola en Guerrero da cuenta que esta planta fue llevada de Sinaloa  a la sierra guerrerense en los años setenta y actualmente este cultivo es el pilar económico de la zona y cada vez gana más terreno, pues mientras las cosechas de maíz y frijol no arrojan ganancias cuantiosas la amapola supera por mucho el ingreso de los granos comestibles. Por eso los campesinos prefieren la siembra de amapola, pues incluso los grupos criminales pagan por adelantado la cosecha de este cultivo.

            La amapola y la mariguana se cultivan en dos regiones de Guerrero: En la sierra y en la montaña, aunque en la sierra, se asegura, es donde se presentan las producciones más altas.

           Actualmente Guerrero es el estado número uno en producción de amapola y el segundo más boyante a escala nacional en producción de mariguana.

            En el año 2015, el entonces gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, dijo que Guerrero se disputaba el primer lugar mundial con Afganistán en cultivo de mariguana. En ese año, el municipio de Coayuca de Catalán –cuyo territorio se extiende por Tierra Caliente –ocupó el primer lugar en la siembra de amapola. La Secretaría de la Defensa Nacional localizó mil 134.25 hectáreas sembradas, las que fueron destruidas, según la versión oficial.

            En esa región guerrerense existen zonas donde se produce hasta una tonelada de goma de opio en cada ciclo de siembra. De cada hectárea sembrada de amapola se producen ocho kilos de goma de opio, con la cual se puede producir un kilo de heroína, cuyo costo en el mercado de consumo asciende a 4 millones 500 mil pesos.

            El negocio –se asegura –es muy rentable, de ahí que los territorios sean altamente disputados por los grupos criminales: De acuerdo con datos del Cisen, fechados en 2017, en el estado de Guerrero operan más de 350 grupos delictivos, la mayoría de ellos son encabezados por personajes ligados a los partidos políticos que gobiernan en diversos municipios.

            En Guerrero –como en otros estados del país –los alcaldes son puestos por el narco. El crimen les financia su campaña política y luego brindan protección a sus mecenas para que operen en libertad el tráfico de drogas, el secuestro, las extorsiones y otras modalidades delictivas que les reditúan cuantiosas ganancias.

            Hasta el año 2005, Guerrero estuvo bajo el control del cártel de Sinaloa. Ahí operaban los hermanos Beltrán Leyva; Arturo, El Barbas, era el jefe de la plaza. Su segundo de abordo era Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. El primero está muerto y el segundo está preso en Estados Unidos.

           Actualmente, Guerrero está dividido: una parte del estado lo controlan “Los Rojos” y otra Guerreros Unidos: Entre Guerrero y Morelos, con su boyante producción de drogas, abastecen el gran mercado de consumo que existe en la Ciudad de México. Es bastante socorrida la ruta Guerrero-Xochimilco, por donde la cocaína ingresa para que los minicárteles que operan en esa zona se abastezcan.

Otra área de abastecimiento es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por donde la droga arriba vía aérea y es transportada a zonas residenciales donde se prepara para su distribución. Un gramo de cocaína de buena calidad llega a costar en el mercado de consumo hasta 150 dólares el gramo, mientas que la de menor calidad cuesta entre 300 y 500 pesos por gramo, pero de menor calidad, pues el alcaloide ya está mezclado con químicos que le potencian el efecto.

Cabe decir que el elevado índice de violencia que enfrenta el país es producto, en buena medida, de la disputa por el control del gran mercado de consumo y también por las luchas territoriales. Las fronteras son las zonas más disputadas, pues en el crimen organizado existe una máxima que reza: “Quien controla la frontera, controla el negocio”.

De acuerdo con datos del área de estudios municipales del Senado de la República, más del 80% de los municipios del país están gobernados por alcaldes ligados directa o indirectamente a alguna actividad criminal, lo que implica, además, que todas las policías municipales estén al servicio del crimen organizado, por lo que así resulta difícil garantizarle seguridad a la sociedad.

Es por ello que se critica la tibieza de López Obrador para enfrentar al crimen organizado, convertido en una verdadera amenaza para la gobernabilidad. El crimen tiene control territorial, dispone del control del 80% de las autoridades municipales, maneja a su antojo a las policías en los municipios y asesina y desaparece cuando lo decide. ¿Quién manda en México?

El caso de Michoacán es un claro ejemplo de cómo puede perderse la gobernabilidad. El viernes pasado el CJNG irrumpió en esa entidad y dejó 19 muertos, entre colgados y descuartizados. Las investigaciones apenas se están enderezando, lenta la autoridad para actuar.

            Para el presidente López Obrador son muy lamentables estos hechos, pero nada más. Su posición, mecánica hasta el exceso, es invariable: No vamos a reprimir a nadie, dice.

            ¿Hasta cuándo se va actuar? ¿Hasta el crimen organizado dinamite clubes de empresarios y derribe aviones comerciales, como ocurrió en Colombia? ¿Hasta que el crimen organizado amenace al poder central? ¿Hasta que maten a un miembro del gabinete o a familiares del propio presidente López Obrador?
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