CAEN PROMESAS



LA AMNESIA DE AMLO

*Todo indica que el presidente López Obrador padece de amnesia.
En su campaña por la Presidencia de México hizo promesas que en la actualidad ignora o asegura no haber dicho. Sobre el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica, se comprometió a reducirlo y no ha cumplido con tal ofrecimiento; de las Fuerzas Armadas siempre las calificó de violadoras de los derechos humanos e incapaces para labores de seguridad pública por lo que deberían regresar a los cuarteles y una vez en el poder les dio la Guardia Nacional y el aeropuerto de Santas Lucía. Otra de sus promesas incumplidas es la referente a los procesos de licitación, los cuales –dijo- llevaría a cabo de manera abierta y transparente, e incluso se comprometió a realizarlos mediante la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual resultó una mentira más, pues a la fecha jamás ha recurrido al organismo internacional. A unos cuantos meses de su gobierno ha olvidado sus principales promesas de campaña.

No hay seriedad del primer mandatario y pese a existir videos y audios de actos públicos donde hizo tales compromisos, hoy parece haberlos olvidado, incluso algunos los desmiente. Las falsedades y mentiras han sido una constante en el discurso de AMLO, y como muestra tenemos el caso de la deuda pública que se comprometió a bajar a lo largo de toda su campaña y que una vez en el poder contempló un endeudamiento superior a los 500 mil millones de pesos. Este es el gobernante de México, cuyo interminable rosario de promesas van cayendo una a una conforme avanza su administración.

STAFF LA OPINIÓN DE MÉXICO

Ciudad de México.- A unos días de haber sido declarado vencedor de las elecciones presidenciales, López Obrador presumió una serie de compromisos para combatir de manera frontal la corrupción y llevar a cabo medidas para aplicar un gasto austero, entre éstas, el que los contratos de obra pública del gobierno federal se realizarían mediante licitación pública.

Pero una vez en el poder, la realidad ha sido otra. Su gobierno ha estado replicando el mismo modelo de los gobiernos del PRI y del PAN al asignar de manera directa la mayoría de los contratos, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Información del portal oficial Compranet, de los casi 30 mil contratos registrados con inicio de vigencia en este año, el 74.4 por ciento, es decir, 21 mil 758, se otorgaron de forma directa, o sea, sin licitación alguna de por medio.

Sólo en cinco mil 300 contratos, equivalentes a poco más del 18.1 por ciento del total, se han adjudicado a través de un proceso de licitación pública.
En el caso de contratos de obras públicas, con una inversión de tres mil 194 millones de pesos, casi la mitad de las asignaciones se han otorgado sin licitaciones abiertas.
Estas prácticas, que se prestan a la corrupción y que se esperaba terminarían en la administración lopezobradorista, se pueden encontrar también en Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con cifras oficiales, la empresa lleva adjudicados sin licitar al menos siete contratos por cerca de dos mil 300 millones de dólares.

Es preocupante, porque para este año se planea la realización de 11 mil 319 licitaciones, por un monto superior a 104 mil millones de pesos, casi la cuarta parte de los recursos destinados a la paraestatal para este año contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Como ejemplo tenemos la construcción de la refinería de Pemex en Dos Bocas, Tabasco, toda vez que a través de invitación restringida se estableció que cuatro empresas competirían por el contrato, esto con el objetivo de evitar que participen compañías con antecedentes de corrupción.

Sin embargo, estas empresas sí han sido acusadas por actos de corrupción, según reveló Forbes México en un trabajo especial.

AMLO prometió que los contratos de obra pública del gobierno federal contarían con la participación de la ciudadanía y de observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero en la práctica ha hecho todo lo contrario, pues sus proyectos del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, no cumplen con estos compromisos y se apartan de las prácticas de transparencia y rendición de cuentas.


Organismos empresariales como la Coparmex sostienen que con las asignaciones directas de estas obras no se está cumpliendo con los compromisos asumidos por López Obrador en su discurso de campaña y de toma de protesta como presidente.
Para el primer proyecto se informó que se otorgaron por asignación directa a tres empresas distintas: el estudio de costo-beneficio, el contrato de asesoría jurídica y el Plan Maestro.

En el caso de la refinería, que tendrá un costo aproximado de entre 120 mil y 160 mil millones de pesos, se anunció que la licitación para su construcción será restringida a cuatro empresas internacionales, mismas que han sido señaladas en otros países por estar involucradas en casos de corrupción y prácticas irregulares, como el pago de sobornos para conseguir contratos multimillonarios.

López Obrador se había comprometido a que las compras del gobierno se harían de manera consolidada, mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU, pero mintió.

Las compras públicas tampoco se están realizando de acuerdo a lo que prometió López Obrador.

Otro de sus compromisos fue que todo funcionario y servidor público de su gobierno presentara su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos, y hacerla pública y transparente.

Pero en la práctica, tuvo que exhibir y presionar públicamente a los integrantes de su gabinete para que cumplieran con este compromiso.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República; y Josefa González Blanco, en su momento secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; fueron cuestionados por la opinión pública luego de que evitaron transparentar su declaración patrimonial.

López Obrador tuvo que solicitar públicamente a los funcionarios transparentar su situación patrimonial para que los secretarios de Estado cumplieran con el mandato del Ejecutivo federal, sin embargo, cumplieron a medias, pues lo hicieron con inconsistencias.
Otra de sus banderas durante la campaña fue evitar egresos superfluos al interior de la administración federal, sin embargo, hay registro de gastos por más de 41 millones de pesos en la comida de mandatarios e invitados especiales a su toma de protesta el 1 de diciembre pasado, recursos que se destinaron a contratos para la organización del evento, transporte de los mandatarios, hospedaje, alimentos, equipo de sonido, renta y acondicionamientos de espacios y servicios de internet.

Otras investigaciones refieren que durante el primer mes de su gobierno se pagó casi un millón de pesos en la compra de café, refrescos, galletas y comida de alta calidad para la Oficina de Presidencia.

LOS GASOLINAZOS Y EL EJÉRCITO

En enero de 2017, siendo dirigente de Morena, López Obrador aprovechó la inconformidad del pueblo por las alzas del 20 por ciento a las gasolinas y  el diésel y ofreció que una vez que llegara a la Presidencia bajaría el precio de los combustibles.
En esa fecha, en un mensaje en sus redes sociales acusó que el gasolinazo era parte del acuerdo entre los partidos políticos y la “mafia del poder” como parte de la reforma energética.

AMLO reconoció que con el aumento en los precios de las gasolinas se dispara la carestía, por lo que afirmó que 2017 “será el año de la unidad del pueblo para derrocar pacíficamente a la mafia del poder y lograr el renacimiento”.

Un año más tarde, en abril de 2018, se comprometió a que de ganar las elecciones del 1 de julio, congelaría el precio de la gasolina y ya no habló de reducirlo, sino hasta dos años después de asumir la Presidencia, cuando reduciría el precio de los combustibles, el gas y la energía eléctrica.

“Vamos a producir en México lo que consumimos, vamos a garantizar nuestra soberanía alimentaria, vamos a rehabilitar las seis refinerías que tenemos, vamos a construir dos grandes refinerías en el Golfo de México y vamos a producir en México las gasolinas, y vamos a tener energía eléctrica suficiente, y gas, todos los combustibles, y vamos a bajar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, ese es el compromiso que vamos a convertir en realidad”.

Pero su discurso acerca de reducir el precio de las gasolinas ha sido modificado conforme avanzan los tiempos. En junio de 2018, dijo que los precios de la luz y la gasolina bajarán de manera paulatina.


“No quiero mentir, en la medida de que se vaya avanzando en el tramo de producción de combustibles, gasolina, diésel, gas y se produzca energía eléctrica vamos a bajar los precios”, señaló.


Un mes después, una vez que ganó las elecciones su discurso fue mucho más moderado. En una reunión con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que su gobierno bajará las gasolinas a la mitad de su sexenio, mientras que en los tres primeros años se mantendrán los precios y no aumentarán más allá de la inflación, al igual que en caso de la energía eléctrica.

Se comprometió a que durante los primeros tres años de su gobierno no habrá gasolinazos, solamente los que sean necesarios por la inflación.

Las falsedades y mentiras han sido una constante en el discurso del presidente López Obrador, y como muestra tenemos también el caso de la deuda pública que se comprometió a bajar a lo largo de toda su campaña por la Presidencia de la República.

Bajar el precio de las gasolinas y reducir la deuda pública, fueron las primeras promesas incumplidas: en la Ley de Ingresos para este año viene incluido el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que el precio de la gasolina seguirá aumentando. Igualmente, a unos días de haber tomado posesión, solicitó al Congreso autorización para contratar deuda interna y externa por 730 mil 500 millones de pesos.

Al igual que los gobiernos del PRI y del PAN, el de Morena seguirá hipotecando el futuro del país.

México mantiene una deuda diaria de mil 147 millones de pesos y, en términos reales, el aumento de la deuda pública en los dos primeros meses de la actual administración fue de 4.26 por ciento.

Fueron muchos los ataques que como candidato a la Presidencia de México, López Obrador hizo sobre la labor de las Fuerzas Armadas, a quienes en más de una ocasión acusó de cometer violaciones a los derechos humanos y de ser incapaces para las tareas de seguridad pública.

Hoy, esa tensa relación con el Ejército que se pensaba iba a endurecer una vez llegando a Palacio Nacional, se ha convertido en una luna de miel entre AMLO y las Fuerzas Armadas.  Mejor aún, le ha dado mayor poder al Ejército.

Dos aspectos confirman lo anterior: la concesión a la Secretaría de la Defensa Nacional para que construya y administre el aeropuerto internacional de Santa Lucia y el otorgamiento de todo el poder para conformar la Guardia Nacional.

En el caso del aeropuerto de Santa Lucia es un hecho que la orden del presidente está pasando por encima de las leyes y reglamentos en materia de obra pública, pues la Sedena debería solicitar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la concesión respectiva para construir y operar la terminal aérea.

Igualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debió elaborar un dictamen sobre la viabilidad financiera del proyecto, lo cual no se ha hecho, ni se hará, pues todo es por instrucciones del Presidente de México.

Las promesas de campaña de López Obrador han quedado en el aire. No hay un verdadero compromiso por cumplirle a los mexicanos que le otorgaron su voto el pasado 1 de julio. Hoy, a siete meses de su gobierno cuenta con una aprobación de 70 por ciento, cifra menor en ocho puntos con respecto a marzo pasado, según una encuesta patrocinada por Grupo Reforma y The Washington Post.
Share on Google Plus

About La Opinión de México

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 Comments:

Publicar un comentario

Entradas populares

LO MÁS POPULAR