¡GOBIERNO INOPERANTE!


*La 4T, una decepción

*Crecimiento del desempleo; recesión en puerta (de darse otra contracción de la actividad económica en el segundo trimestre será inevitable); crisis de abasto de medicamentos en las instituciones de salud pública; despido de más de 100 mil burócratas; cancelación de obras y proyectos como las Zonas Económicas Especiales, así como de programas sociales como el de Estancias Infantiles, Comedores Comunitarios y Prospera; construcción de aeropuertos detenida (Texcoco y Santa Lucía enfrentan litigios); miles de amparos en juzgados contra leyes lopezobradoristas como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; sumisión de México ante Estados Unidos por la política humanitaria de la 4T y que ha incentivado el ingreso de 550 mil migrantes en lo que va del año; aniquilación presupuestal de organismos de la sociedad civil; subejercicio del 70 por ciento en el gasto público que ha provocado una parálisis de la actividad económica, entre muchos otros yerros que no cabrían en este espacio, representan el resumen de seis meses de ocurrencias, caprichos y dislates del gobierno de López Obrador. De hecho, su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es considerado como un “catálogo de buenas intenciones”, e inclusive, en la Cámara de Diputados (donde Morena y sus aliados lograron su aprobación) se pidió que fuera rehecho debido a que está plagado de graves inconsistencias, además de que incumple con los requisitos de contenido y estructura que ordenan los artículos 21, 21 Bis y Ter de la Ley de Planeación. A un semestre de su administración, AMLO ha decepcionado a muchos de sus más fieles seguidores. Habrá que preguntarse ¿qué es lo que celebran López Obrador y su gabinete este ‪1 de julio‬ en el zócalo de la Ciudad de México?
     
STAFF LA OPINIÓN DE MÉXICO

Ciudad de México.- En los primeros seis meses del gobierno del presidente López Obrador se han contabilizado por lo menos 20 acciones ilegales; siete acciones de dudosa legalidad y cuatro leyes a modo, lo que ha motivado siete acciones de inconstitucionalidad; 37 controversias constitucionales; miles de amparos indirectos y acciones legales en contra del Ejecutivo federal.

Mexicanos contra la Corrupción y Causa Común, señalan que las acciones ilegales cometidas durante los primeros seis meses por parte del presidente de México, han vulnerado la división de poderes, los derechos humanos y la rendición de cuentas.

Las acciones ilegales del presidente cometidas en los primeros seis meses incluyen la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el inicio de la terminal área de Santa Lucía; reclutamiento anticipado de personal para la Guardia Nacional; censo de Bienestar para repartición de programas sociales; uso de recinto público por una asociación religiosa; adjudicación directa sin justificación en compra de pipas de Pemex y, por supuesto, el memorándum que dejó sin efecto la Reforma Educativa.

Entre las de dudosa legalidad se encuentra la figura de los súper delegados; liberación de presos políticos pese a la investigaciones de la Fiscalía General de la República; programas sociales sin reglas de operación, entre otras.

Los organismos coinciden en que el presidente López Obrador ha invadido facultades de la Secretaría de Gobernación en política migratoria; ha violentado las constituciones y leyes internacionales y ha emprendido una guerra “relámpago” contra las instituciones, de las cuales han desaparecido cerca de diez desde el inicio de este gobierno.

El Grupo de Economistas y Asociados (GEA), e Indagaciones y Soluciones Avanzadas (ISA) sostienen que algunos indicadores muestran señales de fragilidad en el gobierno de López Obrador, ya que creció el porcentaje de personas que consideran que el país va por el camino incorrecto al pasar del 21 por ciento en marzo, a 23 por ciento en junio.

El estudio de GEA-ISA señala también que se deterioró la evaluación sobre capacidad del gobierno para resolver problemas concretos, ya que del 25 por ciento en marzo, este sector aumentó al 35 por ciento el junio.

Igualmente, un amplio y creciente porcentaje de ciudadanos se declara perjudicado por los recortes a programas de gobiernos anteriores como Prospera, es decir hasta en un 37 por ciento de afectados.

“Si hay preocupación por estos indicadores de que en marzo el 60 por ciento pensaba que el país iba por el rumbo correcto, ahora el 50 por ciento, eso equivale a un porcentaje de 10 puestos que representan nueve millones de mexicanos que cambiaron de parecer en tres meses”, indica el estudio.

Sobre la credibilidad del mandatario, se señala que disminuyó ligeramente.

“En ‪diciembre 29‬ por ciento le creían mucho, en ‪marzo 30‬ por ciento, en ‪junio 28‬, lo que aumentó un poco fue la proporción que no le cree nada, de 15 por ciento hasta 20 por ciento que llega ahora. Uno de cada cinco mexicanos dice no creerle nada a López Obrador”.

La percepción de la gente sobre el éxito en atención a la salud pública  bajó de 27 por ciento en marzo, a 19 por ciento en junio. Sobre el resultado de las negociaciones del gobierno mexicano con el gobierno de Donald Trump, el 48 por ciento consideró que prevalecieron los intereses del presidente estadounidense, y el 40 por ciento, la dignidad y soberanía de México.

Los encuestados respondieron también sobre temas como corrupción y seguridad, y consideraron que disminuyó la confianza en torno a que mejorará la situación, al pasar de 21 por ciento en marzo a 12 por ciento en junio.

En materia de partidos políticos, reporta que la brecha entre el respaldo social a Morena y el resto de los partidos se mantiene en niveles elevados; sin embargo, la distancia ha empezado a cerrarse ligeramente.

Los resultados arrojaron que mientras Morena está con un 31 por ciento de respaldo, el PRI con 12 por ciento y el PAN con un 15 por ciento.

Mayor desempleo

En el primer trimestre del año la población desocupada, es decir, aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 1.9 millones de personas, un aumento de 172 mil 348 habitantes respecto a igual periodo del año pasado.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refieren que en dicho trimestre la tasa de desocupación fue de 3.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), mayor a la reportada en el último trimestre de 2018, de 3.4 por ciento, y a la de igual trimestre del año pasado, de 3.3 por ciento.

Entre las entidades con las tasas de desocupación más altas en el primer trimestre se encuentra Tabasco, con 7.6 por ciento; Ciudad de México, 4.7 puntos; Durango, 4.6 por ciento; Estado de México, 4.3 por ciento; Coahuila y Sonora, con 4.2 por ciento cada una.

En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Guerrero, Morelos y Oaxaca, con 1.8 por ciento cada una; Yucatán, 1.9 puntos; San Luis Potosí, 2.1 por ciento; Michoacán, 2.3 por ciento, e Hidalgo y Puebla, con 2.4 puntos, refirió el organismo.

Por otra parte, cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que durante mayo pasado se crearon tres mil 983 empleos, cifra que representa una caída de 88.27 por ciento frente al mismo mes de 2018, cuando se crearon 33 mil 966 puestos de trabajo.

Según el IMSS, en los primeros cinco meses del año se generaron un total de 303 mil 545 nuevos empleos, 38 por ciento menos frente a los 489 mil 617 que se registraron en el mismo periodo de 2018.

En la industria de la construcción la contracción en el empleo fue de 2.1 por ciento y de 3.4 por ciento en las empresas de la industria extractiva.

Para los especialistas la caída en estos sectores se debe a la incertidumbre y la baja inversión del gobierno federal en los primeros meses del año.

La industria de la construcción es un sector que va de la mano con el crecimiento de la economía, y cuando hay excedentes la gente construye. La construcción ha sido afectada por la detención de las obras que ha habido y porque al no tener inversión pública, el gobierno no contrata trabajadores.

Recesión en puerta

De continuar las caídas en otros sectores productivos, además del industrial, más allá de ser un signo de desaceleración, hace inminente el riesgo de una contracción de la economía. Si esta tendencia se mantiene al menos dos trimestres, se puede hablar de una recesión.

Los indicadores sobre el comportamiento de la economía en el segundo trimestre y que se darán a conocer este mes de julio, serán determinantes para saber si México se encuentra en franca recesión o no.

Sin ser pesimistas, todo indica que las estadísticas que arroje la actividad económica del país declararán a México como un país en recesión.

En la encuesta del Banco de México realizada entre 39 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, solo el cinco por ciento consideró en abril que era un buen momento para invertir en México, y esa cifra cayó a cero en mayo. Un 62 por ciento, en cambio, consideró que es un mal momento para hacer inversiones en el país.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero y marzo de este año, la economía se contrajo 0.2 por ciento respecto al trimestre anterior, arrastrada por una pérdida en la actividad industrial y de servicios de 0.6 y 0.2 por ciento, respectivamente.

El INEGI señala que repetir otro ciclo en números rojos advertiría que hay un deterioro real, generalizado y significativo en la economía mexicana.

La regla en casi todos los países es que dos trimestres consecutivos de contracción económica, llevan a una recesión.

La información del INEGI refiere que las metas planteadas por la nueva administración en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 hacen un poco difícil medir estadísticamente su cumplimiento, por su alto contenido con enfoque de derechos humanos, sobre los que no hay suficiente seguimiento numérico.

Hay fenómenos nuevos que requieren medición, por ejemplo, el PND tiene un enfoque muy fuerte sobre la satisfacción de derechos humanos, y esa en un área en la que se tiene que tener conciencia y claridad de cómo medir la atención de derechos humanos desde un punto de vista estadístico.

Para el sector empresarial el Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador es un listado de buenos deseos; de hecho, en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el pasado jueves gracias a Morena y sus aliados, la fracción parlamentaria del PRD pidió que se rehiciera debido a que está plagado de inconsistencias, además de que incumple con los requisitos de contenido y estructura que ordenan los artículos 21, 21 Bis y Ter de la Ley de Planeación.

Cancelación de programas sociales y ambiciosos proyectos

El presidente López Obrador eliminó 18 programas sociales, creados en administraciones priistas y panistas. Estrategias que en su momento se consideraron un éxito han ido desapareciendo, como Solidaridad, diseñado en el sexenio de Carlos Salinas, que luego se convirtió en Progresa, con Ernesto Zedillo, y después en Oportunidades, con Vicente Fox y Felipe Calderón, así como los apoyos a estancias infantiles y comedores comunitarios.

Sin embargo, no existe una estrategia clara en los cambios a los programas sociales y su impacto en las carencias de la población, además de que se advierte que las transferencias monetarias directas como las que se entregarán a quienes estaban contemplados en las estancias infantiles serán utilizadas con fines electorales.

La cancelación de las Zonas Económicas Especiales representó un duro golpe a la credibilidad del gobierno de México, pues ya se tenían aseguradas inversiones por tres mil millones de dólares que generarían inicialmente 11 mil empleos directos en beneficio de la región sur-sureste del país; a cambio, decidió impulsar sus proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico, los cuales empiezan de cero, carecen de estudios de factibilidad y sin un solo peso de capital privado.

En cuanto a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que prohíbe que cualquier funcionario público gane más que el presidente de México (108 mil pesos mensuales), el Poder Judicial cuenta con cinco mil 165 demandas de amparo de 27 mil 324 quejosos por los recortes salariales y la eliminación de prestaciones en la administración pública federal.

La también llamada ley de salarios máximos, es el caso más judicializado en los primeros seis meses de gobierno de López Obrador, pero no es el único.

Otras acciones y proyectos controvertidos están enfrentando resistencia por la vía judicial, como el caso de la eliminación de las estancias infantiles que incluso será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los megaproyectos en comunidades indígenas, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el proyecto de la terminal aérea de Santa Lucía.

Lo único cierto es que López Obrador ha enviado claras señales de incertidumbre a los mercados e inversionistas con decisiones radicales como la cancelación del aeropuerto en Texcoco y de las Zonas Económicas Especiales o insistir en la terminal aérea de Santa Lucía y la construcción de la refinería Dos Bocas, proyectos estos dos últimos a los que se les otorga nula factibilidad.

Aunque AMLO asegura que la economía está bien, reportes oficiales y agencias calificadoras como Fitch y Moody´s aseguran que al menos este año México no cumplirá con las metas de crecimiento económico planteadas por la administración lopezobradorista.

Los “otros datos” que siempre asegura tener cuando las estadísticas ponen en evidencia el fracaso de su gobierno, son simple demagogia populista.

¿Hay algo que celebrar este ‪1 de julio‬?
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